Cristina Kirchner fue a fondo para trabar el decomiso de sus bienes

La pulseada judicial por la causa Vialidad sumó otro capítulo fuerte y mantiene en vilo a todo el escenario político. Apenas un día después de que la Corte Suprema dejara firme la actualización del decomiso, Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para intentar frenar la ejecución de la condena y el posible remate de bienes. La misma jugada la hizo también el empresario Lázaro Báez, en una señal de que la pelea recién entra en su tramo más áspero.

El máximo tribunal rechazó los planteos de nulidad y ratificó el monto actualizado: $684.990 millones. Esa cifra surge de llevar a valores actuales los cerca de $85.000 millones fijados originalmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2. Ahora, el foco está puesto en la etapa de ejecución patrimonial, donde la Justicia deberá definir qué activos quedan alcanzados por la sentencia y cómo avanzará sobre ellos.

Entre los bienes que podrían entrar en la mira aparecen propiedades de Cristina Kirchner en Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, además de hoteles ligados a firmas de la familia y otros activos mencionados en el expediente. La defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también pretende sacar del alcance del proceso bienes de Máximo y Florencia Kirchner, con el argumento de que no hay prueba de que esos patrimonios provengan de los hechos investigados.

La causa Vialidad es uno de los expedientes de corrupción más pesados de la historia reciente argentina. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a la ex presidenta por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en relación con 51 contratos de obra vial adjudicados en Santa Cruz. Después vinieron las confirmaciones en instancias superiores y, finalmente, el fallo quedó firme con la intervención de la Corte Suprema.

En el centro de esta discusión aparece el decomiso, una herramienta prevista por la ley penal para recuperar bienes vinculados con delitos contra el Estado. La UIF también pidió intervenir en la administración de los activos decomisados y sostuvo que los bienes relacionados con maniobras de lavado deben quedar bajo la órbita de organismos especializados. Mientras tanto, especialistas vienen advirtiendo que los recursos de queja no frenan automáticamente el avance judicial, por lo que la Justicia podría seguir con la identificación, tasación y eventual ejecución de los bienes. En paralelo, el caso sigue cargado de tensión política: Cristina Kirchner habla de persecución judicial, mientras el oficialismo celebra la ratificación de las condenas como un golpe contra la corrupción.