Sin querellantes y con la investigación frenada, el expediente $LIBRA suma otra polémica

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tomó una decisión que sacudió el expediente $LIBRA: apartó a todos los querellantes y dejó la causa sin acusadores privados. La resolución hizo lugar a un planteo de Mauricio Novelli y llegó en medio de una investigación que, por ahora, viene a paso lento y con varias piezas clave todavía sin cerrar. El caso apunta al derrumbe del memecoin promocionado por el presidente Javier Milei en febrero de 2025, pero sigue sin testigos, sin indagatorias y con peritajes pendientes.

La movida no cayó nada bien entre quienes vienen siguiendo el expediente. Dos entidades que actúan como amicus curiae, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), ya le pidieron al magistrado que cite a indagatoria a Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Para esos organismos, la Justicia no puede seguir pateando la pelota mientras todavía intenta reconstruir quiénes manejaron las billeteras digitales, adónde fueron a parar los fondos y qué relación hubo entre las compras de $LIBRA, la caída del token y las pérdidas que denunciaron los inversores.

El fallo se apoyó en un escrito presentado por Mauricio Novelli el 17 de junio. Allí pidió excluir del expediente a los inversores que se anotaron como damnificados y sostuvo que no demostraron haber sido víctimas de un engaño ni que estuvieran reunidos los requisitos para hablar de estafa. La defensa remarcó que la compra de $LIBRA fue voluntaria, que se hizo en un mercado de altísima volatilidad y que quienes operaron conocían los riesgos de las criptomonedas. También afirmó que varios de esos usuarios ya tenían experiencia en plataformas especializadas y que las pérdidas podían explicarse por la propia dinámica de esos activos digitales.

Novelli, además, salió a respaldar el rol del presidente. "Todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto", sostuvo. Y fue más allá: "no se identificó ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados". En esa misma línea, describió el expediente como "un fenómeno especulativo propio de un mercado no regulado; un activo digital de extrema volatilidad; un proyecto tecnológicamente posible; y un cúmulo de decisiones patrimoniales adoptadas libremente por quienes decidieron operar dentro de ese entorno".

La resolución de Martínez de Giorgi tomó ese planteo y lo convirtió en una exigencia procesal concreta: para seguir dentro del expediente, los querellantes debían probar de manera fehaciente la titularidad de sus billeteras, el origen de los fondos usados para comprar $LIBRA y una relación causal directa entre la maniobra denunciada y el perjuicio patrimonial que invocaron. El problema, claro, es que buena parte de esas pruebas todavía está en plena producción. La trazabilidad de los fondos, la identificación de billeteras y el análisis técnico sobre blockchain dependen de peritajes, oficios, exhortos y posibles pedidos de cooperación internacional que aún no terminaron.

Ahí aparece la gran contradicción del fallo: se les pidió a los querellantes demostrar datos que la propia instrucción todavía no logró definir por completo. En otras palabras, se cerró la puerta antes de terminar de revisar el pasillo. Si todavía no está claro quién operó las billeteras ni cómo circularon los fondos, resulta difícil dar por resuelto quiénes fueron afectados de forma directa. Ese punto, según analizó Hugo Alconada Mon en La Nación, seguramente será uno de los ejes de la apelación ante la Cámara Federal.

La discusión de fondo sigue abierta: si lo de $LIBRA fue apenas el riesgo de un mercado especulativo o si hubo una maniobra defraudatoria armada para atraer inversores, inflar el valor del token y permitir que ciertas billeteras se retiraran antes de tiempo. Para Novelli, no existió un "rugpull", el término usado en el mundo cripto para describir cuando quienes impulsan un proyecto juntan fondos, abandonan todo y se llevan la plata. "Lo que caracteriza al rugpull no es la volatilidad. Es la decisión previa de captar valor mediante engaño, para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso. Todo lo contrario", argumentó.

Con los querellantes afuera, la causa queda todavía más concentrada en el Ministerio Público Fiscal. Y eso tampoco es menor: según surge del expediente, los fiscales admitieron que no cuentan con las herramientas, el presupuesto ni las licencias tecnológicas necesarias para avanzar con el análisis de las billeteras digitales. En ese contexto, el expediente queda sin impulso privado justo cuando todavía faltan medidas técnicas centrales. La resolución también les exigió a los particulares que acreditaran el origen de los fondos utilizados para comprar $LIBRA, un punto que abre otra discusión porque el objetivo de la causa no es revisar el patrimonio de las supuestas víctimas, sino determinar si hubo una maniobra penalmente relevante y si existieron responsabilidades de funcionarios públicos.

Mientras tanto, en Estados Unidos el tema sigue vivo. Allí continúan abiertos procesos judiciales vinculados al caso $LIBRA, con la principal demanda en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la jueza federal Jennifer Rochon. Ese expediente reúne una demanda colectiva de inversores afectados y apunta, entre otros, contra Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y Ben Chow, CEO de Meteora. En esa presentación también señalaron que Javier Milei y Karina Milei habrían difundido publicaciones y declaraciones promocionales que le dieron legitimidad al proyecto y provocaron pérdidas masivas. Acá, en la Argentina, el expediente quedó sin quienes reclamaban ser reconocidos como víctimas directas, y ahora todo depende de si la Cámara Federal revierte o no el apartamiento.