La Fiscalía va por una pena dura en la causa por trata que involucra al abogado De la Fuente

El juicio federal que investiga una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual en San Juan entra en una instancia decisiva. Este jueves, el Ministerio Público Fiscal presentará sus alegatos y, según trascendió, podría pedir una pena de entre 8 y 12 años de prisión para el abogado Gustavo De la Fuente. La causa mantiene en vilo a la provincia por la gravedad de las acusaciones y por el alcance que habría tenido la maniobra investigada.

La acusación está encabezada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, junto a María Alejandra Mángano, de la PROTEX. Ambos sostienen que De la Fuente y el comerciante colombiano John Sebastián Quevedo Medina habrían armado una estructura para captar mujeres en situación de vulnerabilidad económica y someterlas a explotación sexual. Según la investigación, el esquema habría operado entre marzo de 2022 y julio de 2024, con al menos 37 mujeres identificadas como presuntas víctimas.

El expediente describe que los imputados promocionaban en redes una supuesta agencia de modelaje webcam llamada "Belle Argentina", con base en la Capital sanjuanina. A través de ofertas laborales con supuestos ingresos en dólares, habrían buscado atraer interesadas con promesas tentadoras. Pero, siempre según la Fiscalía, una vez adentro las mujeres eran sometidas a extensas jornadas de transmisiones de contenido sexual explícito en plataformas como Stripchat, Camsoda, Cam4 y Chaturbate.

Los investigadores también afirman que se les retenía la mitad de las ganancias, se les aplicaban sanciones económicas sin justificación y se las obligaba a seguir trabajando aun cuando no estaban en condiciones de salud. Para la acusación, De la Fuente habría tenido un rol central dentro de la organización. Entre las pruebas incorporadas figuran escuchas telefónicas e informes patrimoniales que, según el planteo fiscal, lo ubican como uno de los dueños del emprendimiento junto a Quevedo Medina, con reparto de beneficios en partes iguales.

Además, la Fiscalía le atribuye haber aprovechado su posición para acercarse a algunas de las mujeres captadas. En esa línea, sostiene que habría ofrecido dinero a cambio de relaciones sexuales y hasta impulsado la incorporación de víctimas a una presunta red de prostitución VIP vinculada a inmuebles bajo su control. La tensión ahora está puesta en la audiencia de alegatos, donde se conocerá el pedido de pena y el cierre de la postura acusatoria. La resolución final quedará en manos del tribunal, presidido por el juez Daniel Doffo.