El fraude al seguro hace subir costos y complica a todo el sistema

El salón del primer piso del Hotel Regal Pacific estuvo repleto de referentes del mundo asegurador, funcionarios judiciales, autoridades regulatorias y especialistas. Allí se realizó la jornada "Fraude al Seguro: Aspectos de Fondo y Forma", organizada por la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) junto al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. El clima fue de preocupación, porque el problema ya no aparece como un caso suelto, sino como una amenaza concreta para la solidez del sistema. En criollo: cada estafa que prospera le pega de lleno al bolsillo del sector y termina salpicando a todos los asegurados.

Las estimaciones que circulan en el mercado son pesadas. Aunque en la Argentina no hay estadísticas oficiales cerradas, distintas proyecciones señalan que el fraude puede representar hasta el 10% de los costos del sistema asegurador. A eso se suma otro dato que encendió las alarmas: entre el 20% y el 45% de los siniestros analizados presentarían inconsistencias o indicios que ameritan una investigación más profunda. Dicho sin vueltas, cada reclamo falso aprobado se come recursos que deberían ir a casos reales. Y el impacto se siente en cadena: más gastos, más juicios, primas más caras y menor capacidad de respuesta para el cliente de a pie.

En la apertura, el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, puso el foco en el corazón del negocio con una definición tajante: "No hay contrato de seguro sin solvencia. Esa promesa de pagar una prima por una póliza y responder ante un evento indemnizable en el futuro solamente es válida si existe solvencia." La frase marcó el tono de la jornada. Para el sector, la solvencia no es un detalle técnico: es lo que sostiene todo el andamiaje. Por eso Plate también advirtió que el fraude no golpea solo a las compañías, sino también al asegurado, porque termina encareciendo virtualmente el valor de la prima.

La dimensión del problema se ve todavía más clara cuando se mira afuera. En Estados Unidos, la Coalition Against Insurance Fraud calcula pérdidas por más de USD 308.600 millones al año. La realidad argentina es distinta, pero la lógica es la misma: cuando una maniobra trucha avanza, alguien paga la cuenta. Y casi siempre esa cuenta se reparte entre todos. Desde esa mirada, el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, remarcó el valor social del seguro con una frase que resonó fuerte: "Las compañías de seguros están presentes en los momentos en los que la gente necesita más atención, más acompañamiento, no sentirse sola, sentirse protegida."

Uno de los paneles más seguidos reunió a Francisco Pont Verges, Juan Manuel García Blanco y Claudio Oviedo. Allí se expuso cómo cambiaron las maniobras en los últimos años y por qué dejaron de verse como hechos aislados. García Blanco contó una investigación sobre unos 900 expedientes vinculados con seguros colectivos por incapacidad y explicó que, desde el arranque, la mira fue otra: "vamos a mirar esto como lo que es para los criminales, un negocio". Según detalló, detrás había una estructura armada con estudio jurídico, reclutadores distribuidos por toda la provincia y profesionales que intervenían en distintas etapas del proceso. Oviedo, por su parte, describió las maniobras más repetidas: "El denominador común en los fraudes es la falsificación de certificados, la falsificación de poderes, el uso de documentación falsa y la apropiación de datos para crear casos fraudulentos."

La respuesta del mercado ya empezó a moverse con más tecnología y más cooperación. Las aseguradoras incorporan herramientas de análisis predictivo y bases compartidas de información para detectar patrones raros antes de que el daño sea mayor. En esa línea, Francisco Pont Verges sostuvo que la mejor forma de investigar estos delitos es sumar al denunciante y a la víctima como parte activa del proceso. Mientras tanto, ADEAA y el Ministerio Público bonaerense avanzan en acuerdos de capacitación, cooperación tecnológica e intercambio de datos. El mensaje que quedó flotando fue claro: el fraude ya no se tolera como una simple irregularidad, porque pone en jaque la confianza, la solvencia y la respuesta que millones de asegurados esperan cuando más la necesitan.