San Juan endurece el acceso a viviendas del IPV con un nuevo filtro penal

El Gobierno de San Juan afina una reforma a fondo del régimen habitacional provincial y uno de los cambios que más ruido hizo es este: para acceder a viviendas sociales y créditos para construir, no se podrá tener antecedentes penales. La medida alcanzará a los programas que administra el Instituto Provincial de la Vivienda y forma parte de un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará en los próximos días a la Cámara de Diputados.

Desde la Provincia explicaron que la idea es poner al día la normativa y ajustar los criterios de adjudicación a las demandas de hoy. En ese marco, habrá una mirada especial sobre antecedentes ligados a delitos contra la integridad sexual y hechos de violencia de género. El asesor letrado provincial, Alejandro Ferrari, remarcó que el objetivo es que los beneficios del Estado lleguen a personas que respeten las normas de convivencia y el marco legal.

La reforma no se queda solo en el acceso a la casa propia. También apunta a acelerar trámites, modernizar herramientas jurídicas y destrabar la entrega de escrituras para miles de familias sanjuaninas. Hoy el gran cuello de botella está en las viviendas que fueron entregadas hace años pero todavía no tienen título de propiedad, una deuda que arrastra el sistema desde hace tiempo.

Según datos oficiales, al inicio de la actual gestión había cerca de 12.000 inmuebles en esa situación. Desde entonces se resolvieron poco más de 2.000 casos, aunque todavía quedan alrededor de 10.000 pendientes. El problema alcanza a barrios del propio IPV, pero también a complejos impulsados por cooperativas, fundaciones, sindicatos, asociaciones y municipios, donde la documentación quedó trabada por años. A eso se suma que muchas de esas entidades fueron creadas hace décadas, antes de requisitos hoy básicos como la inscripción tributaria con CUIT, lo que complica todavía más la regularización definitiva.