La Justicia apunta a un contrato fantasma de Espert con Fred Machado
El fiscal Fernando Domínguez sostiene que el papel presentado por el exdiputado sería una puesta en escena para justificar los USD 200.000 que ingresaron a su cuenta.
La causa que rodea a José Luis Espert sumó un capítulo explosivo: la Justicia federal sospecha que el contrato que lo vinculó con el presunto narco Fred Machado sería una simulación armada para blanquear un pago de origen dudoso. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, sostuvo que el documento de servicios profesionales presentado por el exdiputado sería falso. Según esa hipótesis, el papel habría servido para justificar los USD 200.000 que aparecieron en su cuenta bancaria.
Espert habría usado un supuesto acuerdo de consultoría minera en Guatemala con Minas del Pueblo S.A. para explicar la entrada de los fondos. Pero la investigación marcó otra cosa: nunca viajó a ese país para cumplir con tareas profesionales y, además, las minas de la empresa no estaban operativas. En paralelo, los investigadores rastrean el origen del dinero y lo conectan con cuentas vinculadas a Fred Machado, el argentino que en Estados Unidos admitió haber actuado como lavador de dinero. Esa confesión formó parte de un acuerdo para evitar una pesquisa por narcotráfico.
Con ese cuadro sobre la mesa, el fiscal pidió formalmente la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A., señalada por la confección de informes contables irregulares. Antes, el juez federal Lino Mirabelli había dispuesto la inhibición general y la prohibición de innovar sobre los bienes y activos financieros del exdiputado y también sobre los de su esposa, María Mercedes González. La relación entre Espert y Machado, según surge de la causa, habría incluido apoyo logístico y económico para la campaña presidencial de 2019, un vínculo que hoy quedó bajo la lupa judicial. Machado fue detenido por Interpol en abril de 2021 en Argentina y tiene un pedido de extradición a Estados Unidos por fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, trámite que ya fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
