Pastoral Social, Cáritas y Endepa le piden al Congreso que frene el proyecto sobre propiedad privada

La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) salieron con los tapones de punta en una carta abierta enviada a los legisladores nacionales. Allí manifestaron su rechazo al proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, y pidieron que el Congreso lo descarte. Según plantearon, la iniciativa no es un tema menor: podría tocar de lleno la soberanía sobre la tierra, el agua y los bienes comunes. Además, remarcaron que también se juega el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio destino.

En el comunicado fueron directos: "Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse". A eso le sumaron una cita al Papa León XIV, recordando que los bienes de la tierra deben estar al servicio de toda la humanidad y no de unos pocos privilegiados. Uno de los puntos que más ruido les hace es la eliminación de límites para que extranjeros compren tierras, algo que, advierten, podría facilitar el acceso a zonas vinculadas con reservas de agua y otros recursos estratégicos. También cuestionaron que se relajen restricciones ambientales sobre terrenos arrasados por incendios forestales, porque, según señalan, eso puede abrir la puerta a la especulación inmobiliaria.

Para Pastoral Social, Cáritas y Endepa, el proyecto además le quita fuerza al Estado para ordenar el territorio, planificar obras públicas y cuidar el interés de la comunidad, sobre todo de los sectores más vulnerables. "Cuidar la tierra es cuidar la vida", remarcaron, y subrayaron que para las comunidades rurales, campesinas e indígenas la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro. En esa línea, rechazaron que se la trate como una "simple mercancía" o un "recurso financiero". También insistieron en que la Argentina necesita resolver con urgencia la crisis habitacional y avanzar hacia un marco legal justo para alquileres, que equilibre derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos. Al cierre, le pidieron a los legisladores que pongan por delante el bien común y el futuro de las próximas generaciones, antes que cualquier interés particular.