El expediente del Gran Tulum sigue en marcha y la definición se estira
La Justicia habilitó una nueva extensión de la pesquisa sobre el acueducto más emblemático de San Juan. En estos meses, la Fiscalía buscará cerrar el rompecabezas administrativo antes de decidir el próximo paso.
La causa que rodea al Acueducto Gran Tulum seguirá moviéndose durante varios meses más. El fuero de Garantías autorizó al equipo fiscal a sumar nuevas diligencias y revisar con más detalle toda la documentación que ya está en el expediente. Con esa decisión, la investigación quedará abierta hasta principios de noviembre, mientras se intenta establecer si hubo irregularidades con peso penal en el manejo de la obra.
Por ahora, el foco está puesto en reconstruir el recorrido administrativo del proyecto, paso por paso. Los investigadores analizan expedientes, resoluciones, contrataciones, licitaciones, controles internos y antecedentes vinculados a una de las obras de infraestructura más grandes de los últimos años en la provincia. Desde la Fiscalía aclararon que, al menos en esta etapa, no se apunta a cuestiones técnicas sobre los materiales usados en la construcción.
La mira está en otro lado: saber si durante la planificación, la gestión y la ejecución se respetaron los procedimientos que marca la normativa vigente. También buscan definir si hubo decisiones que puedan derivar en una investigación penal más profunda. La prórroga fue otorgada después de una audiencia en la que además se trataron aspectos procesales ligados a la participación de representantes legales interesados en seguir el caso de cerca.
Con las formalidades cumplidas, la magistrada hizo lugar al pedido de los fiscales. Ahora se abre una etapa que puede ser decisiva para el futuro del expediente. En estos meses seguirán entrando informes, papeles oficiales y, si hace falta, declaraciones testimoniales que ayuden a armar el mapa completo de cómo se administró el proyecto desde su origen hasta su ejecución.
Según lo planteado en la audiencia, esta sería la última prórroga posible dentro de la fase preparatoria. Cuando venza ese plazo, el Ministerio Público deberá tomar una postura concreta. Entre las opciones aparecen avanzar con una formalización de la investigación, pedir el archivo de la causa o impulsar otra salida procesal prevista por la ley. En San Juan, la atención sigue puesta sobre una obra clave por su impacto económico y estratégico, pensada para reforzar el abastecimiento de agua potable en distintos departamentos.
En el ámbito judicial remarcan que, incluso si no se encontrara delito en esta instancia, eso no cerraría otras discusiones futuras. Si más adelante aparecieran cuestionamientos por aspectos técnicos o contractuales, esos planteos podrían ir por otras vías administrativas o judiciales. Mientras tanto, la causa continúa en pleno análisis y todo depende de lo que los fiscales logren reunir en los próximos meses.