La oposición aprieta por Adorni y el PRO ya mueve fichas para dejarlo contra las cuerdas
Mientras el Gobierno sigue sin definir qué hará, crecen los pedidos de interpelación y la amenaza de una moción de censura que puede abrir un frente pesado en Diputados y el Senado.
La tensión en Casa Rosada no afloja y el nombre de Manuel Adorni quedó en el centro de una jugada política que promete traer ruido. Mientras el Gobierno estira la decisión y gana tiempo, la oposición busca acelerar el desgaste del jefe de Gabinete con movimientos en ambas cámaras del Congreso. En ese tablero, el PRO dio un paso que sacudió el avispero: pidió de manera explícita su salida y dejó abierta la chance de dar quórum en la sesión convocada para el 23 de junio.
Desde el bloque que conduce Cristian Ritondo fueron directos al hueso: "No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días", respondieron ante una consulta de Agencia Noticias Argentinas. La reunión del interbloque Fuerzas del Cambio, donde también participan el MID y Karina Banfi, servirá para ordenar una posición común entre el martes y el miércoles. La idea es ver si acompañan el temario que incluye informes, interpelaciones y hasta mociones de censura, un combo que mete presión fuerte sobre el oficialismo.
El clima ya venía cargado desde la sesión fallida del 13 de mayo, cuando buena parte de la oposición había optado por no dar quórum para evitar un choque frontal con el Gobierno nacional. Pero desde entonces todo cambió. La declaración jurada de Adorni, sus explicaciones en televisión y los reparos previos que había dejado Patricia Bullrich encendieron una tormenta política que ahora amenaza su continuidad. El malestar se extendió más allá del peronismo y la izquierda: también aparecieron reclamos desde sectores dialoguistas, gobernadores provinciales e incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En el Senado, el peronismo también se movió. El bloque que encabeza José Mayans presentó un proyecto para interpelar a Adorni y avanzar con una moción de censura, con pedido de sesión urgente. La iniciativa sostiene que, si el funcionario no comparece en un plazo máximo de siete días, la Cámara alta quedaría habilitada para tratar la medida en la misma sesión especial. La oposición se ampara en el artículo 101 de la Constitución Nacional y habla de "irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones" en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y la ARCA.
El problema es que los números no cierran fácil. Para aprobar interpelaciones y mociones de censura hacen falta mayorías de dos tercios, algo que hoy parece lejano. Por eso, la estrategia más realista pasa por reunir quórum, empujar emplazamientos y obligar al oficialismo a abrir el debate en comisiones, un camino largo que puede llevar no menos de un mes. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo y el Gobierno queda cada vez más expuesto, con un costo político que no se achica y que, para colmo, sigue pegando de lleno en la agenda de Javier Milei.
