Milei apura cambios para nombrar jueces de la Corte sin tantas vueltas

El presidente Javier Milei decidió avanzar con una reforma del mecanismo para elegir jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el decreto saldría en las próximas horas en el Boletín Oficial. La iniciativa fue armada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y apunta a sacar de la cancha varias instancias previas que hoy demoran el trámite. Según confiaron fuentes oficiales, la idea es achicar tiempos y evitar duplicaciones que, en la práctica, terminan frenando todo. El Gobierno sostiene que así podrá cubrir más rápido las vacantes del máximo tribunal.

La movida no cae en cualquier momento: la Corte trabaja con tres de sus cinco integrantes. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti quedaron al frente del tribunal desde que se abrieron dos lugares, primero el de Elena Highton de Nolasco en 2021 y después el de Juan Carlos Maqueda, a fines de 2024. El año pasado, el oficialismo intentó empujar los nombres de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero no consiguió los dos tercios del Senado que manda la Constitución. Lijo no pasó la votación y García-Mansilla fue designado en comisión, asumió por unas semanas y luego renunció. En la Casa Rosada, el mensaje quedó claro: no habrá nuevos movimientos si no están dadas las condiciones políticas para hacerlo sin negociar con el kirchnerismo.

Hasta ahora, el Decreto 222/03 obligaba a que, una vez producida una vacante, el Ministerio de Justicia publicara el nombre y los antecedentes del candidato durante 30 días en el Boletín Oficial y en al menos dos diarios nacionales. Después venían 15 días para que ciudadanos, ONG y colegios profesionales presentaran observaciones o impugnaciones. Recién ahí el Presidente elevaba el pliego al Senado. Ese esquema no toca la parte constitucional ni el reglamento de la Cámara alta, pero sí borra la etapa previa dentro del Poder Ejecutivo. En otras palabras: la participación ciudadana seguirá existiendo, pero directamente en el Senado, no antes.

Otro cambio fuerte pasa por la difusión de los antecedentes. Ya no se hará en el Boletín Oficial ni en diarios impresos, sino en la página web del Ministerio de Justicia, con plazos más cortos. El Gobierno dice que se adapta a la forma en que hoy circula la información y que eso permite acelerar el procedimiento. Además, el decreto fija un plazo de cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas patrimoniales y establece por primera vez un tiempo concreto para que la ARCA informe si el candidato cumple con sus obligaciones impositivas y previsionales. Antes, ese paso podía transformarse en un cuello de botella burocrático sin fecha definida.

La reforma también elimina la recomendación de considerar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de proponer un nombre. Ese punto había generado ruido político, sobre todo durante el fallido intento con Lijo y García-Mansilla, cuando la oposición lo usó para cuestionar las postulaciones. Ahora esa exigencia desaparece de la norma. En paralelo, la senadora y dirigente del PRO Jimena de la Torre cuestionó la decisión en redes y lanzó una advertencia: "No retrocedamos en calidad institucional. La transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas: son garantías republicanas. El Ejecutivo todavía estaría a tiempo de evitar una mala señal. La independencia judicial empieza por cómo se eligen los jueces de la Corte". La discusión, está claro, recién arranca y promete levantar temperatura en el Congreso.