Adorni quedó bajo la lupa por supuestas omisiones en su declaración jurada
La Coalición Cívica llevó el caso a la Justicia y habla de activos no informados por cerca de 500.000 dólares. También cuestionan que no se trató de un simple descuido.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo dolor de cabeza en Tribunales tras la denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. La acusación apunta a una presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de 2024 y 2025. Según el planteo, el funcionario habría dejado afuera parte de su patrimonio mientras ocupaba un cargo clave en el Gobierno. Y el dato no es menor: los denunciantes hablan de bienes que rondarían los 500.000 dólares.
En el escrito judicial sostienen que pudo haber existido falsedad ideológica y que se habría vulnerado la Ley de Ética Pública. Adorni, que es contador, atribuyó las diferencias a un "error involuntario" o a un desconocimiento de las obligaciones legales. Pero desde la oposición desestiman esa explicación y aseguran que no se trató de una confusión, sino de un ocultamiento deliberado. Entre los activos observados aparecen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades que no habrían sido volcadas en los papeles oficiales.
La denuncia también remarca el impacto político e institucional del caso, porque el funcionario primero aseguró que su patrimonio estaba correctamente declarado y después reconoció que tenía activos fuera del circuito formal. En ese marco, admitió recientemente que conservaba sin declarar unos 500.000 dólares, presuntamente ligados a inversiones previas a su ingreso al Gobierno. Ahora, la causa se suma a otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito, donde deberá explicar cómo evolucionó su situación económica. El expediente todavía no tiene juzgado asignado, aunque no se descarta que termine en el fuero del juez federal Ariel Lijo. La presentación, además, cita el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que prevé penas de prisión e inhabilitación para funcionarios que omitan o falseen datos en sus declaraciones juradas.
Mientras tanto, en los tribunales de Comodoro Py siguen revisando la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, después de detectar desajustes entre los ingresos declarados y los gastos registrados durante su paso por la función pública. Con ese panorama, la fiscalía analiza los próximos pasos y el caso promete seguir dando que hablar. En la Casa Rosada, el tema ya encendió todas las alarmas.
