El patrimonio de Adorni sacude al Congreso y la oposición quiere forzar una respuesta

La tensión política subió varios escalones en el Congreso después de que salieran a la luz las dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni. Hace menos de un mes, la oposición ya había intentado convocarlo dos veces para que diera explicaciones, pero no juntó los apoyos necesarios. Ahora, con la declaración jurada recién presentada, en varios bloques creen que "cambiaron las condiciones" y que algunos aliados del Gobierno podrían empezar a correrse.

Por eso, la oposición llamó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 23 de junio. En el temario figuran seis pedidos de interpelación que, si avanzan, pueden terminar en un voto de censura. Ese mecanismo le permite al Congreso remover a un funcionario con mayoría absoluta en ambas Cámaras. El planteo puede arrancar tanto en Diputados como en el Senado, siempre que se considere que el jefe de Gabinete incurrió en actos, omisiones o conductas que comprometen su responsabilidad política.

El último pedido de moción de censura lo presentó este mismo jueves el radical disidente Pablo Juliano (Provincias Unidas), pocas horas después de conocerse la declaración jurada de Adorni. "El Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los fundamentos sobre los cuales descansa la confianza ciudadana en las instituciones", sostuvo Juliano al apuntar contra las inconsistencias informadas a ARCA.

En los pasillos del Congreso, la bronca se siente fuerte. "Acá el problema es que Adorni nos mintió en la cara", reconoció un diputado aliado del oficialismo, que además dejó entrever que su espacio evalúa tomar distancia. El dato no es menor, porque el oficialismo necesita sostener apoyos para frenar cualquier avance. La oposición, mientras tanto, admite que el Gobierno todavía conserva una mayoría dura, pero apuesta a que el ruido por el patrimonio termine haciendo mella en los socios habituales.

En su último informe de gestión, el propio Adorni había salido a defenderse. Dijo que cumplió con la Ley de Ética Pública y que acompañó todas las declaraciones juradas exigidas por la normativa. También remarcó que hay una parte pública y otra reservada, y aseguró que en la pública figuran todos los bienes de su patrimonio, sin ocultamientos. Sin embargo, ayer incorporó activos que antes no había declarado, entre ellos USD 300.000 originados en inversiones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, con una inversión inicial de USD 200 mil.

La pulseada recién empieza y los gobernadores aliados pueden terminar inclinando la balanza. En la oposición miran con atención a los diputados de Córdoba que responden a Martín Llaryora, en un contexto ya tirante con la Casa Rosada por la media sanción para derogar Zonas Frías. Incluso el cordobés Carlos Gutiérrez firmó el pedido de sesión. Del otro lado, también hubo señales que encendieron alarmas: Patricia Bullrich fue una de las primeras en marcar distancia y luego el PRO sacó un comunicado duro, donde calificó las omisiones como "una falta grave". Aun así, el escenario no es inmediato para Adorni, porque los proyectos no tienen dictamen de comisión y antes la oposición deberá empujar un emplazamiento en comisiones controladas por La Libertad Avanza. Mientras tanto, el jefe de Gabinete adelantó que en julio irá al Senado para presentar su informe de gestión, tal como marca la Constitución.