Adorni quedó en el centro de la tormenta: la Justicia mira sus bienes y en el Congreso ya hablan de censura

La situación de Manuel Adorni se volvió bien delicada en las últimas horas. En el centro de la escena aparecieron dos frentes que meten presión fuerte: una posible causa por omisión maliciosa y la amenaza de una moción de censura en el Congreso. Todo explotó después de que el jefe de Gabinete admitiera que durante años conservó ahorros que no había declarado. La revelación dejó al funcionario bajo una lupa pesada, mientras la discusión política se calentó rápido.

Según explicó, esos fondos venían de inversiones hechas antes de entrar al Gobierno y decidió no incluirlos para protegerlos de políticas económicas de gestiones anteriores. Pero la Justicia ya analiza una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a la evolución de su patrimonio. Ahí aparece el punto más sensible: determinar si hubo intención de ocultar esos bienes. En el expediente también se estudian presuntas inversiones en criptomonedas, un terreno donde la trazabilidad suele ser clave.

La omisión maliciosa está prevista en el artículo 268 (3) del Código Penal y alcanza a funcionarios que esconden bienes, presentan datos falsos o dejan afuera información patrimonial obligatoria. La pena va de 15 días a dos años de prisión y puede incluir inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En este caso, lo que más complica a Adorni es que él mismo reconoció la existencia de unos u$s500.000 que no habían sido volcados en sus declaraciones juradas. Ahora deberán revisar si esos dólares existían antes de asumir y si puede probarse su origen con documentación concreta.

Otro foco de la investigación es una vivienda en un barrio privado que primero figuraba solo a nombre de su esposa. Después, el propio Adorni admitió que también era suya, aunque esa situación no habría quedado reflejada de manera completa en los papeles presentados ante los organismos de control. Además, se analizan movimientos económicos que incluirían gastos por más de u$s406.000 y nuevas obligaciones financieras cercanas a los u$s335.000, cifras que ahora buscan ser contrastadas con los ingresos declarados.

En paralelo, sectores opositores ya empezaron a hablar de una moción de censura. Esa herramienta está prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional y permite que una de las cámaras del Congreso cuestione políticamente al jefe de Gabinete y pida su salida. Para avanzar necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una cámara. No hace falta una condena judicial: alcanza con que el cuerpo legislativo considere que perdió confianza política. Si prospera, el funcionario queda obligado a renunciar.

Mientras tanto, el Gobierno sigue de cerca cada movimiento. La Justicia avanzará sobre el origen de los fondos y la consistencia de las explicaciones, y la oposición evalúa si da el paso en el Congreso. El cuadro quedó abierto y promete seguir generando ruido, porque Adorni podría quedar golpeado tanto en el plano judicial como en el político. Y cuando se juntan esos dos frentes, la cosa se pone pesada de verdad.