Buscan ponerle un freno a las jubilaciones de privilegio para exmandatarios y jueces
Un proyecto de Provincias Unidas propone cambios fuertes en la Ley 24.018, con recortes, topes y más controles para las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial.
El bloque de diputados Provincias Unidas presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 24.018 y ordenar el esquema de las asignaciones mensuales vitalicias de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La iniciativa apunta a meterle un límite claro a esos haberes, con un esquema que busca más transparencia y menos privilegios. En criollo: quieren cambiar reglas que, para muchos, ya venían generando ruido hace rato.
La diputada cordobesa Alejandra Torres fue bien directa al defender la propuesta: "Menos lamentos por los privilegios y más acciones para eliminarlos. Lejos de cualquier postura demagógica, no proponemos la eliminación de estos retiros, sino introducir verdaderos criterios de justicia distributiva, topes reales y transparencia fiscal". El texto fija una reducción del haber al 70% de la remuneración neta y también elimina el beneficio impositivo, ya que quienes lo cobren deberán pagar Ganancias y aportes de salud. Además, establece un tope equivalente a 10 haberes mínimos del SIPA.
Pero eso no es todo. El proyecto también suma un aporte solidario del 30% sobre el excedente para quienes superen el haber máximo previsional, y marca una incompatibilidad absoluta con cualquier otro cargo público. A eso le agrega una cláusula de ética que prevé la caducidad automática del beneficio ante condenas firmes por corrupción o delitos contra la administración. Según Torres, "Hoy más que nunca, el esfuerzo fiscal lo debemos hacer todos. Las máximas responsabilidades del Estado deben ser el principal ejemplo de orden, transparencia e integridad institucional". En el fundamento, además, remarcan que el régimen general de reparto presenta fallas conceptuales y prácticas que necesitan corrección urgente.
La propuesta aclara que la asignación vitalicia no debe ser vista como un simple privilegio, sino como una garantía de independencia y dignidad del cargo. Sin embargo, el objetivo político es evidente: ponerle reglas más duras, más control y menos margen a beneficios que siempre terminan en el centro de la discusión pública. Ahora el debate queda abierto en el Congreso, donde la pulseada promete levantar temperatura.
