Le dieron 90 días más a la pesquisa por el Acueducto Gran Tulum

La causa por el Acueducto Gran Tulum sumó este miércoles un nuevo movimiento en los tribunales de San Juan. La jueza de Garantías Mónica Lucero autorizó extender la investigación para que los fiscales sigan hurgando en la documentación y en las medidas probatorias vinculadas a la obra. La decisión llegó después de un pedido de Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, que reclamaron más tiempo para terminar de ordenar el material reunido. Ahora, el equipo investigador tendrá 90 días hábiles más para avanzar antes de definir si hay elementos para una imputación.

En la audiencia también estuvo José Aníbal Fraifer, en representación de Fiscalía de Estado, según señalaron fuentes del expediente. El encuentro había quedado en pausa el día anterior, cuando la magistrada dispuso un cuarto intermedio para notificar formalmente al abogado Nasser Uzair. Ese letrado representa a los ex titulares de OSSE, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes podrían quedar alcanzados por la pesquisa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. La prórroga concedida es la última que puede darse en esta etapa.

Una vez que venza ese plazo, el Ministerio Público deberá resolver si cuenta con prueba suficiente para avanzar hacia la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), donde se comunican de manera oficial los hechos atribuidos y los posibles delitos bajo análisis. Si no aparecen elementos firmes, la Fiscalía tendrá que definir el archivo de las actuaciones o la desestimación de la denuncia. Por ahora, el expediente sigue en una fase clave, con los papeles sobre la mesa y la lupa puesta en cada detalle.

La investigación nació el 9 de diciembre del año pasado, a partir de una presentación del abogado Marcelo Arancibia. En ese escrito pidió que se examinen supuestas irregularidades en los procedimientos de contratación relacionados con una de las obras más importantes ejecutadas en la provincia en los últimos años. Entre los puntos señalados figura un presunto direccionamiento de las condiciones licitatorias que habría favorecido a la empresa proveedora de cañerías Krah. Según la denuncia, esa firma tendría vínculos con Gustavo Monti, empresario fallecido en febrero pasado y familiar del actual senador nacional Sergio Uñac.

Después, Arancibia amplió la presentación con nueva documentación y más hechos que, a su criterio, merecen ser revisados por la Justicia. Allí mencionó la supuesta intervención de Monti como apoderado de la firma proveedora, la posterior llegada de un ex presidente de OSSE al entorno político del entonces gobernador, y también cuestionamientos por actualizaciones de precios y adelantos financieros durante la ejecución de la obra. Con ese panorama, la denuncia apunta a posibles delitos contra la administración pública, como negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta y malversación de fondos. Los próximos tres meses serán decisivos para saber si la causa avanza con imputaciones o si termina cerrándose sin acusaciones.