El Gobierno endurece su postura y apunta al negocio petrolero en el Atlántico Sur

En una jornada cargada de simbolismo, el Gobierno argentino conmemoró este miércoles el 197° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y, de paso, subió el tono contra el avance del proyecto petrolero Sea Lion. Desde Cancillería lo señalaron como una maniobra ilegal bajo el derecho internacional y avisaron que van a usar todas las acciones disponibles para frenarlo. La jugada no pasó desapercibida y volvió a poner el tema Malvinas en el centro de la escena.

El comunicado oficial enlazó la fecha histórica del 10 de junio de 1829, cuando se firmó el decreto del gobernador Martín Rodríguez, con la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que este año cumple 50 años. Ese texto internacional pide no hacer cambios unilaterales mientras siga abierta la disputa de soberanía. En esa línea, la Cancillería remarcó que cualquier exploración o explotación de recursos en zonas en conflicto va a contramano del derecho internacional, sin vueltas ni medias tintas.

El foco está puesto en la decisión de inversión anunciada por Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited para desarrollar el yacimiento Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. El plan, que no cuenta con autorización argentina, prevé una inversión inicial de unos 2.100 millones de dólares para la primera etapa, con perforaciones previstas para comienzos de 2027 y producción desde 2028. Encima, Rockhopper actualizó su estimación de reservas recuperables a más de 1.000 millones de barriles, una cifra que encendió todavía más la pulseada por el recurso energético.

En el texto oficial, el presidente Javier Milei quedó alineado con una postura de máxima firmeza: la Argentina, dice el mensaje, va a actuar con decisión frente a cualquier actividad unilateral e ilegítima sobre recursos que considera propios. También se recordó que la disputa está alcanzada por la Resolución 2065 (XX) y otras normas concordantes de la ONU y del Comité Especial de Descolonización. Por su parte, el canciller Pablo Quirno se expresó en X y sostuvo que el país seguirá usando todas las herramientas pacíficas a su alcance para que el Reino Unido vuelva a sentarse a negociar soberanía.

La tensión sumó otro capítulo semanas atrás, cuando un correo interno del Pentágono, filtrado por Reuters en abril, sugirió revisar el respaldo diplomático de Estados Unidos a las "posesiones imperiales europeas", con las Islas Malvinas mencionadas de manera explícita. Londres salió rápido a responder: desde Downing Street afirmaron que la soberanía pertenece al Reino Unido y que el derecho a la autodeterminación de los isleños es central. Después, Marco Rubio bajó el tono y dijo que fue apenas "un correo con algunas ideas", aclarando que Washington no toma partido en el reclamo de soberanía.

El trasfondo histórico también fue repasado por la Cancillería, que recordó la herencia territorial desde el principio de uti possidetis iuris, la toma de posesión de 1820 por David Jewett, la organización administrativa bajo Luis Vernet y la expulsión de las autoridades argentinas el 3 de enero de 1833. Además, el Gobierno insistió en que la comunidad internacional nunca reconoció a los habitantes del archipiélago como un "pueblo" con derecho a autodeterminación. El Reino Unido, mientras tanto, sigue firme en su postura y se apoya en el referéndum de 2013, donde 1.672 votantes eligieron casi por unanimidad seguir como territorio británico.