Nación y universidades sellaron un pacto clave tras años de tironeos

Después de casi tres años de tironeos, protestas y negociaciones que no arrancaban, el Gobierno nacional y las universidades públicas finalmente llegaron a un acuerdo para bajar la tensión. La reunión se hizo este miércoles en el Palacio Sarmiento y estuvo encabezada por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, junto a rectores y representantes gremiales. El entendimiento busca ponerle un freno a uno de los conflictos más largos de la gestión libertaria.

La propuesta incluye una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes, con un 21,33% desde junio y otro 3% en octubre. Además, se suman partidas extraordinarias para distintas áreas del sistema universitario. Entre ellas, figuran $50.000 millones extra para hospitales universitarios, que se agregan a lo ya previsto en el presupuesto vigente.

El paquete también contempla una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano. Todo esto se definió después de dos semanas de conversaciones intensas y en medio de una pelea que venía acumulando capítulos desde 2024. Hubo marchas federales, clases públicas, tomas de facultades, paros docentes y hasta una disputa judicial que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia.

La crisis universitaria se convirtió en uno de los focos más sensibles entre la Casa Rosada y la comunidad académica. Desde el oficialismo cuestionaban el financiamiento y el funcionamiento de las casas de estudio, mientras rectores, docentes y estudiantes advertían por el deterioro del sistema y la pérdida del poder adquisitivo. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la situación salarial empujó a miles de docentes a dejar el sistema público. En las universidades aseguran que los sueldos bajos aceleraron la fuga hacia el sector privado y, en algunos casos, al exterior.

El acuerdo también llega después de que el Ministerio de Economía habilitara una partida de $800.000 millones para atender las urgencias más apremiantes del sector. A la par, las partes acordaron abrir nuevas instancias de negociación cada tres meses durante lo que resta del año. Uno de los puntos que trababa todo era la demanda judicial presentada por las universidades contra el Estado nacional, pero el avance económico terminó destrabando la discusión. Ahora, el sistema universitario espera recuperar algo de previsibilidad y empezar a salir de una crisis que tenía en alerta a todo el país académico.