San Juan corre contra el reloj para poner en marcha el régimen penal juvenil

Con la entrada en vigencia de la Ley Penal Juvenil prevista para septiembre, San Juan se mete de lleno en una etapa de cambios que no admite demoras. Desde la Corte de Justicia ya avisaron que la puesta en marcha exigirá mover piezas en varios frentes, desde la infraestructura hasta la incorporación de personal capacitado. La idea es clara: tener un sistema preparado para responder como corresponde ante casos que involucran a adolescentes. Y el tiempo, a esta altura, empieza a apretar.

El punto más delicado pasa por los lugares donde deberán quedar alojados los menores de edad que enfrenten una medida privativa de la libertad. La normativa vigente impide que sean derivados al Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas, por lo que la provincia tendrá que disponer de espacios diferenciados, pensados especialmente para este tipo de situaciones. No se trata solo de una cuestión edilicia, sino de garantizar condiciones acordes para la atención, el seguimiento y la eventual reinserción social de esos chicos.

En paralelo, la aplicación de la ley también demandará equipos interdisciplinarios con profesionales de distintas áreas, entre ellas psicología, trabajo social y educación. La mirada deberá ser integral, porque cada caso trae su propia historia y requiere una intervención específica. El desafío no es menor, sobre todo en medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, que podría ampliar la cantidad de jóvenes alcanzados por el sistema penal juvenil.

Con ese panorama, las autoridades provinciales saben que no hay margen para improvisar. A menos de tres meses de su entrada en vigencia, San Juan deberá acelerar definiciones para llegar con las condiciones mínimas necesarias. La cuenta regresiva ya empezó y el objetivo es que el nuevo esquema funcione sin tropiezos, respetando la ley y, al mismo tiempo, protegiendo los derechos de los adolescentes involucrados.