La Rosada negocia con las universidades, pero ya piensa en reabrir la pelea en 2027
Mientras avanza una oferta para recomponer salarios y reforzar partidas en 2026, el Gobierno no suelta su idea de volver a discutir la ley universitaria cuando llegue el Presupuesto 2027.
El Gobierno nacional sigue conversando con las universidades públicas para cerrar un entendimiento que mejore los salarios y sume recursos durante 2026. Pero en la Casa Rosada dejan en claro que ese acercamiento no cambia la postura de fondo sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Por eso, ya anticipan que buscarán volver a poner el tema sobre la mesa cuando se trate el Presupuesto 2027.
La jugada oficial también está atada a la pelea judicial que sigue abierta. En el Ejecutivo sostienen que, si la Corte Suprema confirma la validez plena de la norma cuestionada, el Estado quedará obligado a cumplirla en un escenario de ajuste y con la meta de sostener el equilibrio fiscal. Del lado universitario, en cambio, remarcan que la negociación económica no significa bajar la demanda ante la Justicia.
El expediente sigue bajo análisis del máximo tribunal después de que el Gobierno apelara una cautelar favorable a las universidades. Para este martes está prevista una reunión clave, aunque todavía quedan puntos por cerrar. Entre ellos aparecen el texto final del acta, el alcance real de las mejoras presupuestarias y la forma legal que tendrá el acuerdo para que no se lea como un abandono del reclamo judicial.
Según fuentes vinculadas al sistema universitario, la propuesta en discusión contempla una recomposición salarial total del 24,33%. Ese esquema incluiría un aumento del 21,33% en junio, calculado sobre los haberes de mayo de 2026, y otro 3% en octubre. La idea es achicar la pérdida acumulada durante 2025, compensar la inflación registrada hasta mayo y sumar un plus para recuperar algo de poder adquisitivo.
El borrador también prevé que las paritarias de docentes y no docentes se reabran con más frecuencia, con un tope de tres meses entre cada reunión. A eso se suma una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio, un refuerzo de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y una mejora del 50% en las Becas Manuel Belgrano. En el Gobierno aseguran que este entendimiento podría bajar la tensión con la comunidad universitaria, aunque sin resignar sus objeciones a la ley vigente.
La discusión no es nueva. Durante el verano, el Ejecutivo ya había trabajado una propuesta alternativa con subas para funcionamiento, aumentos salariales escalonados, revisiones ligadas a la inflación y mejoras en becas estudiantiles. Esa iniciativa no avanzó en el Congreso, pero ahora vuelve a asomar como antecedente para el debate que se viene. En la Casa Rosada creen que el Presupuesto es el lugar correcto para definir cuánto dinero irá al sistema universitario y cómo se compatibilizará ese gasto con las demás prioridades del Estado. Todo ocurre, además, después de una reestructuración presupuestaria que hace menos de un mes recortó cerca de 2,5 billones de pesos en áreas como educación, universidades, subsidios y obras públicas.