El Senado avanzó con el pago a dos fondos y la discusión ahora pasa a Diputados

El Senado aprobó este jueves el proyecto del Gobierno de Javier Milei para cancelar una deuda de USD 171 millones con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos de los últimos fondos que siguen peleando contra la Argentina por el default de 2001. La votación terminó con 44 votos a favor y 22 en contra, y ahora la pelota quedó en la Cámara de Diputados. El plazo para darle sanción definitiva vence el 30 de junio, así que el reloj ya empezó a correr.

La iniciativa apunta a ratificar los acuerdos de conciliación que el Estado argentino cerró con acreedores que habían quedado afuera del arreglo de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. Ese entendimiento ya había sido homologado en marzo por la jueza estadounidense Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York. En los hechos, el acuerdo contempla una quita superior al 30% sobre los montos reclamados, algo que el oficialismo presentó como una salida razonable para bajar tensión judicial y financiera.

Según los números negociados, la Argentina deberá pagar USD 67 millones a Bainbridge Ltd. y USD 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son dos acreedores pesados dentro de la larga saga de juicios que dejó la cesación de pagos declarada a fines de 2001. Desde el Gobierno remarcan que el arreglo busca cerrar litigios que vienen complicando al país desde hace años y evitar nuevos dolores de cabeza en tribunales del exterior.

El senador libertario Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y miembro informante, defendió con firmeza la propuesta. Dijo que uno de los fondos ya tiene una sentencia favorable por 96 millones de dólares y la entrega de acciones de YPF, mientras que el otro grupo acumuló 16 sentencias entre 2020 y 2024 por 465 millones de dólares más intereses. También sostuvo que el acuerdo es "conveniente y legal" porque obliga a los fondos a desistir de nuevas acciones judiciales y le saca presión a futuras operaciones de financiamiento del país.

Del otro lado, Unión por la Patria votó en contra y marcó reparos tanto por la información enviada por el Ejecutivo como por la prioridad que se le da a este pago en medio de la crisis. José Mayans pidió la presencia del jefe de Gabinete en el Senado para explicar la estrategia financiera del Gobierno, mientras que Jorge Capitanich puso el foco en la disponibilidad de divisas y en otras urgencias que, según dijo, no pueden seguir esperando, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y distintas partidas sociales.

Si Diputados le da luz verde, la Casa Rosada podrá cerrar dos de los litigios más pesados que todavía arrastra la Argentina en la Justicia estadounidense por la deuda en default. Además, el acuerdo apunta a dejar sin efecto embargos sobre activos soberanos y a mejorar la posición del país frente al financiamiento internacional. El expediente ya había estado a punto de avanzar semanas atrás, pero una corrección técnica enviada por el Ministerio de Economía obligó a devolverlo a comisión.