Crece la preocupación por el freno a las políticas contra la violencia de género en Argentina
Amnistía Internacional puso el foco en el deterioro de las herramientas estatales para prevenir y atender la violencia de género, en un contexto que sigue dejando víctimas y más desprotección.
A once años de la primera gran marcha que cambió para siempre la forma de hablar de la violencia machista, la cuenta sigue en rojo. Mujeres, niñas y personas LGBTI+ continúan expuestas a distintas violencias, mientras las políticas públicas destinadas a frenarlas vienen perdiendo fuerza, presupuesto y alcance. En ese escenario, los casos recientes de femicidio volvieron a sacudir fuerte y dejaron en claro que no se trata de hechos sueltos, sino de un problema estructural que sigue pidiendo respuestas urgentes.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, fue tajante: "Frente a hechos de esta gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado. Reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas públicas específicas. Pero la respuesta, sigue llegando tarde. Cuando el Estado no previene, no protege o investiga mal, se refuerza la impunidad. Desfinanciar políticas de género tiene consecuencias concretas, deja a las mujeres libradas a su suerte. Garantizar una vida libre de violencia no es opcional: es una obligación".
Los números también golpean. En 2025, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina contabilizó 200 víctimas directas. El 78% fue atacado en su propia casa o en la del agresor, y en el 83% de los casos existía un vínculo previo, por lo general de pareja o expareja. Aunque la cifra bajó un 12,3% frente a 2024, el dato no alcanza para hablar de alivio: desde 2017, el país sostiene un piso alarmante de violencia letal, equivalente a una mujer asesinada cada 36 horas.
Amnistía advierte que, desde diciembre de 2023, los programas pensados para prevenir y abordar estos casos sufrieron recortes y vaciamientos. La Línea 144 perdió especificidad, presupuesto propio y un 45% de su planta. Además, el Programa Acompañar quedó más restringido al exigir denuncia judicial o policial previa, algo que puede dejar afuera a mujeres que necesitan ayuda ya mismo. También se achicó el alcance de la reparación económica para hijas, hijos y adolescentes que quedaron como víctimas indirectas de femicidios; en 2025, 144 chicos y chicas perdieron a su madre por violencia de género.
En febrero de 2026, el Comité CEDAW de la ONU ya había marcado la gravedad del retroceso en Argentina, con cierre o degradación de áreas clave, recortes en prevención, debilitamiento de la ESI y desarme del Plan ENIA. En paralelo, también preocupa el avance de proyectos que buscan endurecer penas por falsas denuncias y falso testimonio en causas de violencia sexual y de género. Los datos, sin embargo, muestran otra cosa: las denuncias falsas representan apenas el 0,09% de más de 8 millones de causas analizadas entre 2023 y 2025, mientras que el verdadero problema sigue siendo el silencio forzado y la falta de denuncias por miedo, desconfianza o falta de contención.
La alarma también alcanza a las personas LGBTIQ+. En 2025 se registraron 227 crímenes de odio, la cifra más alta desde que existen registros, con un aumento superior al 60% respecto del año anterior. A dos años del ataque, el lunes 18 de mayo comenzó el juicio oral y público por el crimen contra las dos parejas de lesbianas en Barracas, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal. Desde Amnistía Internacional remarcaron que el reclamo sigue en pie y que, a más de una década de #NiUnaMenos, la calle vuelve a exigir lo mismo de siempre: vivir sin miedo, con derechos y con protección real.
