Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.delsurdiario.com/a/84336
La causa sigue abierta

Estudian llevar a segunda instancia la pena contra el empleado de morgue que prometía una tecnicatura trucha

La fiscalía no quedó conforme con la sentencia de 1 año y 6 meses condicional para Daniel Gustavo Algarilla y espera los fundamentos del fallo para definir si apela. Habían pedido 4 años de prisión efectiva por cuatro estafas a estudiantes.

Estudian llevar a segunda instancia la pena contra el empleado de morgue que prometía una tecnicatura trucha

La historia de Daniel Gustavo Algarilla todavía no cerró y, a esta altura, todo indica que puede sumar otro capítulo en Tribunales. El hombre fue condenado por ofrecer una supuesta tecnicatura sin aval oficial y ahora la fiscalía analiza si va por la impugnación. La pena que recibió fue de 1 año y 6 meses de prisión condicional, un fallo que dejó sabor a poco del lado acusador.

El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, recordó que ellos habían pedido una sanción mucho más dura: 4 años de prisión efectiva. "Nosotros pedimos cuatro años de prisión efectiva. El juez del juicio, el doctor Mariano Carrera, dio un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional porque el acusado no tenía antecedentes de condena en su contra", explicó. De todos modos, aclaró que todavía falta conocer la letra chica del fallo.

"Todavía no conocemos los fundamentos, se ha dado lectura sólo del veredicto. Los fundamentos van a ser leídos y expresados el 18 de junio. A partir de ahí vamos a tener conocimiento de cuáles han sido los fundamentos del juez para asignar esa escala penal y se hará un análisis para ver cuál va a ser el temperamento asumido por la unidad fiscal", sostuvo Heredia. Recién con ese material sobre la mesa decidirán si avanzan con una apelación. Por ahora, el expediente sigue en movimiento y la última palabra no parece estar dicha.

La investigación arrancó en diciembre de 2024, cuando cuatro alumnas denunciaron haber sido engañadas con una falsa "Tecnicatura de Evisceración y Morgue". Según explicó el fiscal, las jóvenes comenzaron a desconfiar cuando fueron a averiguar si esa capacitación tenía validez real. "Realizaron averiguaciones en los ministerios de Educación y Salud y advirtieron que no tenía ningún tipo de aval o certificación ministerial", indicó.

La acusación sostuvo que Algarilla se valía de su condición de empleado público en la morgue judicial para darle credibilidad a la propuesta. Incluso, según la fiscalía, permitía ingresos al lugar para hacer prácticas. "Se pudo sostener la hipótesis inicial de la investigación, que tenía que ver con que el señor Algarilla, si bien ofertaba el curso como una tecnicatura, no contaba con ningún tipo de aval y sostenía su engaño a través de su condición de empleado público en la morgue judicial", afirmó Heredia. El Hospital Marcial Quiroga informó que no existía autorización ni convenio alguno, por lo que esos ingresos fueron, según la causa, de manera clandestina.

Durante el juicio también aparecieron relatos sobre cómo funcionaba esa supuesta formación. Las clases se daban en distintos espacios privados e incluso en un instituto creado por el propio acusado. Además, los alumnos hacían prácticas ligadas a los contenidos que él impartía. "Una vez a la semana o cada quince días realizaban prácticas en la morgue de lo que este sujeto impartía como conocimiento teórico", detalló el fiscal. Heredia agregó que esas tareas se realizaban con cuerpos alojados en la morgue y que también hubo testimonios sobre el uso de animales.

La causa reunió cuatro hechos de estafa y el perjuicio económico acreditado rondó los 2,4 millones de pesos. Pero para la fiscalía el daño fue mucho más amplio que la plata perdida. "Entendíamos que era una causa que merecía ser llevada a juicio porque los intereses que estaban en juego excedían lo patrimonial. Había que cuidar el sistema educativo de la provincia y principalmente a las víctimas, que asignaron una enorme cantidad de tiempo esperanzadas en obtener un curso que eran nada más que charlas que daba este señor sin ningún tipo de certificación", manifestó.

La condena fue por estafa en concurso real por los cuatro hechos investigados. Aunque el fallo no incluyó una inhabilitación puntual, Heredia señaló que la sentencia implica la cesantía de Algarilla como empleado público. Ahora, la fiscalía espera los fundamentos completos para definir si insiste con una pena más severa. La pulseada judicial, por lo visto, todavía no terminó.

Te puede interesar

Últimas noticias

Ver más noticias