Condena condicional para el hombre que ofrecía una carrera trucha y daba clases en la morgue

Después de varias jornadas de audiencias y con más de veinte testigos en escena, la Justicia de San Juan cerró el proceso contra Daniel Algarilla, el ex trabajador de la morgue del Hospital Marcial Quiroga que se hacía pasar por docente de una carrera ligada a tareas de evisceración y formación técnica. El juez Mariano Carrera lo condenó a un año y seis meses de prisión condicional por estafa contra cuatro denunciantes. Además, le impuso reglas de conducta por dos años, por lo que no irá a una cárcel.

Según la acusación, Algarilla captaba alumnos con la promesa de una capacitación que, supuestamente, les abriría la puerta a salidas laborales en el ámbito forense y mortuorio. La Fiscalía sostuvo que durante años fue armando una imagen profesional que no tenía respaldo académico ni institucional. El fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, advirtió que las denuncias que llegaron a juicio podrían ser apenas una parte de los afectados. Por eso, junto al abogado querellante Roberto Lucero, había pedido cuatro años de prisión efectiva y una reparación económica para los damnificados.

En el debate también aparecieron relatos duros de exalumnos, que contaron haber participado en prácticas con restos humanos sin medidas de seguridad adecuadas. Además, señalaron que algunas actividades se realizaban dentro de la morgue del hospital, donde Algarilla trabajaba en ese momento y de donde después fue desvinculado. Otro punto que quedó bajo la lupa fue el rol de las instituciones que difundían los cursos. Liliana Belbruno, directora del Instituto Eleva, aclaró que su participación se limitaba al alquiler de espacios y a la promoción de las actividades, y negó que existiera aval institucional. En la misma línea, desde el Grupo Sevilla explicaron que solo emitían certificados de asistencia y matrículas internas de carácter asociativo, sin validez oficial para habilitar la carrera.

La defensa, por su parte, aseguró que las denuncias nacieron de conflictos personales y apuntó contra responsables de entidades educativas vinculadas a la actividad. Incluso mencionó que una de las directoras señaladas enfrenta hoy varias denuncias por estafa en una causa que sigue bajo investigación. Finalmente, el magistrado dio por acreditada la maniobra fraudulenta en los cuatro casos analizados y dictó la condena. De todos modos, rechazó el pedido de reparación económica de la querella y dejó a Algarilla en libertad, siempre que cumpla con las condiciones fijadas por la sentencia.