El Ejecutivo acelera gestiones con las universidades mientras la Corte define el caso

Mientras la Corte Suprema sigue sin pronunciarse sobre la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional apura conversaciones con las autoridades de las universidades públicas para intentar descomprimir un conflicto que viene creciendo desde hace meses. La pelea entre el Ejecutivo y las casas de estudio se arrastra desde octubre de 2025, cuando se resolvió no aplicar la norma pese a que ya había sido ratificada. Después de eso, la administración nacional fue por la vía judicial para frenar su puesta en marcha.

El dato que más preocupa en despachos oficiales es el costo que podría tener una derrota en Tribunales. Según las estimaciones que se manejan, si el máximo tribunal falla a favor de las universidades, el Estado tendría que desembolsar cerca de 2,5 billones de pesos para cumplir con lo que marca la ley. Una cifra enorme, de esas que hacen temblar cualquier planificación y que meten presión en plena discusión.

En paralelo al frente judicial, siguen las tratativas con representantes del sistema universitario. No se descarta que esta semana haya una reunión entre funcionarios nacionales y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque por ahora no hay fecha confirmada. Sobre la mesa están temas sensibles: la actualización salarial de los docentes, las becas para estudiantes y los fondos adeudados para hospitales universitarios, además de otras partidas que siguen pendientes.

Mientras tanto, la estrategia legal del Estado está en manos de la Procuración del Tesoro, que lleva la defensa de la Nación en la causa y está bajo la conducción de Sebastián Amerio. La decisión de la Corte Suprema será clave para saber cómo sigue esta disputa y qué impacto tendrá, tanto en las cuentas públicas como en el funcionamiento diario del sistema universitario argentino.