Un informe de 2020 reabre la polémica por el Acueducto Gran Tulum
La presentación de Marcelo Arancibia suma documentación técnica que, según plantea, mostraría que las alertas sobre las cañerías ya estaban sobre la mesa mientras la obra seguía en marcha.
La denuncia por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum volvió a tomar impulso y ahora mete presión en Tribunales. El abogado Marcelo Arancibia presentó una ampliación con un informe técnico que, según su planteo, dejaría en claro que las observaciones sobre las cañerías no aparecieron de golpe años después, sino en plena ejecución de la obra. La jugada apunta a poner bajo la lupa qué sabían los responsables y qué hicieron con esa información.
El documento central fue elaborado por Industrias Metalúrgicas Jaime el 24 de junio de 2020, en el marco de los trabajos financiados con fondos provinciales y un crédito internacional destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable para el Gran San Juan. Allí se habrían detectado cuestionamientos vinculados al proceso de electrofusión de los caños de polietileno de alta densidad (PEAD) usados en distintos tramos del acueducto. Para la acusación, ese material técnico no es un detalle menor: podría mostrar que las alertas existían mientras la obra seguía avanzando.
Según la presentación, en esas inspecciones participaron representantes de la contratista MAPAL S.A., personal de OSSE y técnicos especializados, por lo que las advertencias habrían circulado entre varias manos desde el arranque mismo de la construcción. Arancibia sostiene que la discusión ya no pasa solo por la calidad de los materiales, sino por saber si hubo conocimiento previo de posibles fallas y, aun así, se siguió con la ejecución, la certificación y el pago de la obra. En ese escenario, la frase que dejó en el expediente es fuerte: "La gravedad institucional del caso radica en que las observaciones técnicas no habrían surgido años después de terminada la obra, sino durante su ejecución".
Con esa base, el abogado pidió que se amplíe la investigación para revisar posibles delitos contra la administración pública, entre ellos administración fraudulenta agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Además, solicitó participar bajo la figura de "Amicus Curiae" y espera que la fiscalía concrete el pedido de prórroga para seguir sumando prueba. Ahora la Justicia deberá definir si esas advertencias técnicas fueron ignoradas, si hubo decisiones tomadas a sabiendas o si el Estado terminó pagando por una obra con problemas que ya estaban a la vista.
