Fuerte respaldo sanjuanino al aporte voluntario para la COVIAR

En medio de la pelea judicial que abrió la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, que dejó sin efecto la obligatoriedad de los aportes para sostener a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), varios sectores productivos de San Juan se plantaron a favor de la medida del Gobierno Nacional. Del otro lado, la corporación fue a la Justicia para intentar frenar el cambio, con un amparo presentado en el Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza. La discusión viene levantando temperatura y promete seguir dando que hablar en la provincia.

La Cámara de Comercio Exterior de San Juan ratificó que está de acuerdo con que las empresas vitivinícolas dejen de estar obligadas a pagar. Desde la entidad remarcaron que esa postura coincide con la mayoría de los actores del sector en la provincia y defendieron que la promoción entre privados debe sostenerse con participación voluntaria. También marcaron que el amparo presentado por COVIAR debería resolverse en un proceso colectivo y público, sin atajos ni decisiones a puertas cerradas.

En la misma línea se expresó la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, que conduce Alfredo Olivera. La organización respaldó lo dispuesto por la Nación y rechazó el "cobro compulsivo de aportaciones para sostener entidades privadas sin amplios consensos previos". Para ambas instituciones, el financiamiento de la COVIAR no debe funcionar como una carga obligatoria para productores y bodegas, sino como una decisión libre de cada actor.

La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan fue todavía más al hueso al acompañar la resolución oficial. Sostuvo que la medida también marca el final del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2030, cuya prórroga consideran irregular porque, según plantean, la ley fijaba su cierre en 2020. Además, señalaron que la extensión fue decidida por la propia COVIAR sin aval parlamentario, algo que encendió aún más la polémica.

Desde ese espacio también cuestionaron los 22 años de resultados flojos en mercado interno y exportaciones, y acusaron al organismo de haber alimentado una expectativa de derrame que nunca terminó de llegar al viñatero. En su mirada, la COVIAR se destacó más por cobrar que por resolver los problemas de fondo, incluso apoyándose en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para sancionar a quienes no cumplían. Y remarcaron que, desde su creación en 2003, la representación quedó inclinada hacia la industria más concentrada, dejando bastante relegada la voz de los productores sanjuaninos.

Para la Asociación, sacar la obligatoriedad no pega contra la actividad vitivinícola: al contrario, pone un freno a un sistema de recaudación forzada que, aseguran, terminó apretando durante años al eslabón más débil de toda la cadena. Así, San Juan volvió a marcar posición con firmeza y dejó claro que, al menos en este tema, no piensa mirar para otro lado.