Acueducto Gran Tulum: la causa sigue abierta y la Justicia no afloja

La causa por el Acueducto Gran Tulum sigue avanzando, pero por ahora no hay imputados y el expediente continúa en etapa preliminar. La Justicia pone la lupa sobre posibles fallas en los materiales, supuestas irregularidades en la licitación y un informe técnico que dejó más de una preocupación dando vueltas. En San Juan, el tema no pasa desapercibido porque se trata de una obra clave para el abastecimiento de agua potable.

La investigación comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, impulsada por notas periodísticas que marcaban supuestas anomalías sin señalar responsables concretos. Desde entonces, el expediente quedó abierto como investigación penal preparatoria y ya lleva unos cinco meses de trabajo activo. El próximo 30 de mayo vence el plazo actual y todo indica que habrá una prórroga por otros 90 días, aunque la formalización todavía no salió.

En marzo de 2026, la Fiscalía realizó una inspección ocular en distintos puntos del trazado para relevar datos en el lugar y revisar de cerca cómo venía la obra. Pero el dato que más ruido hizo fue otro: un informe técnico pedido por OSSE advirtió que las tuberías instaladas no serían aptas para agua potable y hasta planteó una posible toxicidad del material. Según ese estudio, los caños servirían para desagües pluviales y cloacales, no para un acueducto de estas características.

El fiscal Sebastián Gómez aclaró que ese documento es una prueba de parte y no una pericia judicial oficial, por lo que todavía falta una confirmación técnica en sede penal. Mientras tanto, la Fiscalía de Estado, a cargo de Sebastián Dávila, confirmó que el Gobierno provincial se presentará como querellante y pedirá pericias sobre los materiales. También se solicitó información a autoridades de OSSE, del Ministerio de Infraestructura y del Ministerio de Economía sobre cómo se llevó adelante la licitación.

La investigación, por ahora, sigue sin nombres propios puestos en el centro de la escena, pero no se descartan medidas más fuertes. Entre ellas, incluso, podría ordenarse desenterrar cañerías ya colocadas para comprobar su estado y el tipo de material utilizado. Si el plazo se amplía, la causa podría llegar a 180 días en total antes de que la fiscalía defina si hay elementos para imputar o si la denuncia queda en la nada. En una obra tan sensible como esta, cualquier hallazgo puede cambiar todo de un momento a otro.