PAMI depuró más de 1.500 prestadores y llevó dos casos a la Justicia

El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país tras detectar irregularidades serias, y además avanzó con dos nuevas denuncias penales por presuntos hechos de corrupción en Tucumán y Chaco. La medida fue informada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conducido por Esteban Leguízamo, en un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Según explicaron, las auditorías permanentes prendieron la alarma por cobros indebidos, facturación de prestaciones que no existían y centros que no cumplían con las condiciones mínimas de higiene y seguridad.

Uno de los casos más pesados apareció en San Miguel de Tucumán, donde el policonsultorio Sanarte S.R.L. quedó bajo la lupa por fallas administrativas y médicas. Los auditores marcaron que faltaba la habilitación municipal actualizada y que varios legajos profesionales estaban incompletos, sin matrículas ni inscripciones de los médicos. También detectaron demoras de hasta 21 días para conseguir un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, algo que golpea de lleno a los jubilados que necesitan atención rápida. Como si fuera poco, el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema "por orden de llegada", una modalidad que el organismo consideró incompatible con una atención médica seria.

En ese mismo expediente aparecieron consultas y estudios cargados al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional y prácticas médicas sin sus informes correspondientes. El organismo sostuvo que ese cuadro encuadra en incumplimientos de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente. Del otro lado, en Chaco, el caso quedó tramitado en el expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador de la UGL XIII. Allí también surgieron problemas en la documentación clínica obligatoria, inconsistencias administrativas y fallas en las prestaciones facturadas.

El profesional no logró desarmar las observaciones en su descargo, por lo que el Instituto resolvió sanciones administrativas y la rescisión del contrato prestacional. Pero la cosa no quedó ahí: además, el PAMI presentó una denuncia penal para que la Justicia determine si hubo delitos. Desde el organismo remarcaron que estas maniobras afectan los controles internos y ponen en riesgo el funcionamiento del sistema. En paralelo, insistieron en que la auditoría seguirá a fondo, con monitoreo permanente, turnero digital obligatorio y penalidades automáticas cuando aparezcan excesos injustificados.

La conducción de Esteban Leguízamo viene empujando una revisión más dura desde que asumió, y ya hubo otras denuncias por órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos de afiliados. En ese marco, el Instituto asegura que auditar no significa perseguir, sino cuidar los recursos y defender a los jubilados. También remarcaron que las bajas no frenarán tratamientos, porque la red de atención seguirá funcionando en todo el país para sostener la continuidad de las prestaciones.