Ritondo empuja una ley para acelerar los autos eléctricos en el país

Cristian Ritondo, junto a un grupo de diputados del PRO, presentó un proyecto de ley para ordenar y empujar la electromovilidad en la Argentina. La propuesta apunta a crear un marco legal completo para que los vehículos eléctricos ganen terreno en todo el país. La iniciativa también lleva las firmas de María Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Martín Ardohain, Antonela Giampieri, Alejandro Finocchiaro, Fernando De Andreis y Emmanuel Bianchetti. Ahora deberá ser tratada en las comisiones de Energía y Combustibles, Transportes y Presupuesto y Hacienda.

El texto plantea una regla nacional para que el sector arranque con bases claras, desde la instalación de cargadores hasta los estándares técnicos y los incentivos fiscales. En los fundamentos, la electromovilidad aparece como una política estratégica que necesita inversión privada, pero también normas firmes para despegar. La idea es que el mercado no quede librado a la buena voluntad de unos pocos y que haya condiciones para que la red crezca de verdad.

Uno de los puntos más fuertes está en las obligaciones para edificios y estaciones de servicio. En las construcciones nuevas, se pide la preinstalación eléctrica en todas las cocheras y cargadores en un porcentaje mínimo de espacios. En los edificios existentes no residenciales, la exigencia llega con plazos de hasta 24 meses desde la promulgación. Las estaciones de servicio tampoco quedan deberán sumar cargadores eléctricos según su nivel de ventas de combustible, con equipos de carga rápida y alta potencia.

Además, el proyecto crea la figura del "servicio de carga de vehículos eléctricos" como una actividad comercial separada de la distribución eléctrica tradicional. Eso habilita a operadores a cobrar por el servicio de distintas maneras, ya sea por consumo, por tiempo o por suscripción. Con ese esquema, buscan abrir la puerta a nuevos jugadores y meter más competencia en un negocio que todavía está en pañales.

En materia de beneficios, la propuesta trae un combo bastante tentador. Incluye la exención del IVA por cinco años para la compra e instalación de cargadores y para el servicio de carga, además de amortización acelerada en Ganancias para inversiones en infraestructura. También prevé créditos fiscales para usuarios particulares que instalen equipos en sus hogares, reducción de Ingresos Brutos si las provincias adhieren y ventajas aduaneras para importar equipos e insumos vinculados al sector.

El plan también fija metas concretas para 2030: llegar a al menos 2.500 puntos de carga públicos o semipúblicos, lograr que los eléctricos representen el 10% de las ventas de autos nuevos y avanzar en la electrificación del transporte público urbano. A eso se suma la creación de un Fondo Nacional de Electromovilidad para financiar infraestructura, sobre todo en corredores viales y zonas con menor desarrollo. La Secretaría de Energía quedaría como autoridad de aplicación. En su presentación, Ritondo remarcó que la transición eléctrica es uno de los cambios más profundos de la economía actual y sostuvo que, sin intervención estatal, la infraestructura no se va a desplegar sola.