La Justicia frenó dos movidas del Gobierno y le marcó la cancha a Milei

El Gobierno de Javier Milei recibió un par de cachetazos judiciales que le complican el plan de ajuste sobre áreas sensibles del Estado. Por un lado, tuvo que girar 590 millones de pesos al Banco Nacional de Datos Genéticos para asegurar su funcionamiento. Por el otro, la Justicia frenó los despidos en el INTI y dejó en pausa una resolución que venía generando bronca entre los trabajadores.

En el caso del BNDG, el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, había dictado una cautelar para obligar al Ejecutivo a garantizar la continuidad operativa del organismo. En la resolución, el magistrado dejó asentado que se habían adoptado medidas administrativas y presupuestarias para sostener su funcionamiento. Desde Abuelas de Plaza de Mayo y la directora Mariana Herrera Piñero venían advirtiendo sobre la situación crítica que atravesaba la institución.

El recorte había dejado al banco con apenas el 55,96% de los fondos pedidos para 2026, una cifra que ponía en riesgo tareas básicas como limpieza, seguridad y mantenimiento edilicio. Pero el problema iba más allá de lo también quedaba comprometida la producción de pericias genéticas actuales y, encima, se exponía a daños irreparables el material recolectado desde 1987. Una situación pesada, de esas que no admiten demoras.

Al mismo tiempo, la Justicia hizo lugar al planteo de ATE y frenó los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Con esa medida, las autoridades del organismo no podrán cesantear, transferir ni cambiar la situación laboral de los trabajadores, además de que quedó suspendida la aplicación de la Resolución 42/26. El gremio había presentado un amparo el 18 de mayo para pedir la nulidad de una disposición que eliminaba más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica.

Desde el sindicato sostienen que el Gobierno avanza con un "desmantelamiento" del organismo y que funciones creadas por ley no pueden ser borradas de un plumazo. En esa línea, remarcaron que cualquier cambio de fondo sobre programas y tareas que nacieron por norma debe pasar por el Congreso. La pulseada sigue abierta, pero esta vez el Ejecutivo tuvo que retroceder.