El Gobierno empuja una ley para poner bajo la lupa a los lobbistas
El proyecto ya fue enviado a Diputados y apunta a ordenar las gestiones de interés entre el Estado y los privados. La iniciativa promete más control, registros públicos y agendas abiertas.
El Gobierno nacional metió en el Congreso su propia versión de la "Ley Lobby", un proyecto que busca ordenar de una vez por todas la relación entre funcionarios y actores privados. La propuesta crea un Régimen de Gestión de Intereses con la idea de dejar más claro quién habla con quién, sobre qué tema y en beneficio de quién. El texto ingresó este martes a la Cámara de Diputados y viene con una hoja de ruta bien parecida a otras iniciativas presentadas en los últimos dos años.
En la nómina de antecedentes aparecen proyectos de Oscar Agost Carreño, Karina Banfi, Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer. Desde el oficialismo aseguran que la meta es simple pero pesada: más publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad en cada interacción que influya en decisiones estatales. Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la intención es "ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quién".
El proyecto también se apoya en el artículo 1° de la Constitución Nacional, que fija la forma republicana de gobierno y pone en el centro la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de los funcionarios. En ese marco, el Ejecutivo sostiene que hace falta una norma integral para cubrir un vacío legal tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. La idea, remarcan, es evitar zonas grises y cortar con influencias ejercidas en ámbitos opacos o reservados para unos pocos.
Entre los puntos más salientes aparece la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, obligatorio y digital, para quienes hagan lobby. Ese registro exigiría declaraciones juradas sobre los intereses representados y además contemplaría la publicación de las agendas de los funcionarios. También fija incompatibilidades para ex funcionarios que quieran dedicarse a estas gestiones. El alcance incluye trámites vinculados con la elaboración, derogación e implementación de leyes, licitaciones, concesiones y hasta la asignación de subsidios o beneficios fiscales.
Los reportes deberán presentarse cada tres meses y publicarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a su entrega. Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a que las decisiones públicas se tomen mirando el interés general y con reglas previsibles, sin tanto margen para la arbitrariedad. Ahora la pelota quedó del lado del Congreso, donde el debate promete ser intenso porque el tema toca una fibra sensible: cómo se mueve el poder cuando nadie mira demasiado de cerca.
