El Ejecutivo mandó al Congreso el nuevo súper régimen de inversiones y la ley para transparentar el lobby
Las dos iniciativas del oficialismo ya entraron en la Cámara baja y apuntan a mover el tablero: más beneficios para grandes proyectos y reglas más duras para las gestiones ante el poder.
El Gobierno Nacional envió a la Cámara de Diputados los proyectos conocidos como "Super Rigi" y de Lobby, dos iniciativas que prometen dar que hablar en el Congreso. La jugada llega después del anuncio de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien había anticipado que iban a girarse cuatro proyectos. Los textos vinculados a Ludopatía y a la derogación de la ley de Etiquetado Frontal ya habían salido rumbo al Senado, y ahora se sumaron estos dos a la Cámara baja.
El llamado "Super Rigi" busca armar un esquema de promociones fiscales para empujar grandes emprendimientos. Entre los sectores alcanzados aparecen la cadena de litio, la manufactura de baterías, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, el GNL onshore, los SMR —reactores nucleares pequeños y medianos—, la producción de paneles solares y turbinas eólicas, los vehículos 100% eléctricos y nuevos productos petroquímicos, entre otros. Además, a diferencia del régimen vigente, plantea una baja del impuesto a las ganancias al 15%, una amortización acelerada del 60% en el primer año y del 20% en cada uno de los dos siguientes, junto con una exención de derechos de exportación.
Por otro lado, el proyecto sobre Lobby apunta a ponerle más luz a las gestiones que hacen empresas o intermediarios ante funcionarios y legisladores. La idea es evitar conflictos de intereses y dejar más claro quién mueve los hilos en cada negociación. Para eso, propone un registro digital obligatorio para lobistas, declaraciones juradas sobre los intereses que representan y la publicación de las agendas de los funcionarios. También fija incompatibilidades para ex funcionarios que quieran dedicarse a estas gestiones.
El alcance de la norma no es menor: incluye gestiones vinculadas con la elaboración, derogación e implementación de leyes, además de licitaciones, concesiones y la asignación de subsidios o beneficios fiscales para distintas actividades. En otras palabras, busca ordenar un terreno donde muchas veces se mezclan intereses, presión política y decisiones clave. Ahora la pelota quedó en manos de los diputados, que deberán empezar a tratar dos proyectos que ya generaron ruido desde el arranque.
