Milei empuja cambios fuertes en la Ley de Medios y crece el malestar en el periodismo

El presidente Javier Milei avanza con un plan para meter mano de lleno en la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sumar nuevas exigencias para periodistas y medios. Entre las medidas que estudia el Gobierno aparece la idea de incorporar a los trabajadores de prensa al régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP), lo que los obligaría a presentar declaraciones juradas patrimoniales de manera periódica. La propuesta fue trabajada junto a funcionarios del Ministerio de Desregulación y asesores jurídicos cercanos, entre ellos María Ibarzabal Murphy y Juan Bautista Mahiques. Incluso el tema ya se habría colado en una reunión de la mesa política oficialista encabezada por Manuel Adorni.

La movida apunta a que los periodistas pasen a ser considerados formalmente Personas Expuestas Políticamente, una categoría que hoy alcanza a integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si esa idea prospera, los profesionales de prensa quedarían bajo un esquema de controles patrimoniales y nuevas obligaciones que ya levantó polvareda. Milei, que semanas atrás había apuntado contra periodistas críticos de su gestión, lanzó una frase que volvió a encender la bronca: "A mí me encantaría que ellos mismos presentaran un proyecto para ser personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio". Al principio, el Gobierno pensó en una resolución administrativa, pero después viró hacia un proyecto de ley por las complicaciones legales que traía avanzar sin pasar por el Congreso.

Además de ese capítulo, el oficialismo quiere tocar puntos de fondo de la Ley de Medios sancionada durante el kirchnerismo. Entre los cambios que están sobre la mesa aparecen una mayor flexibilidad en el sistema de licencias, menos regulaciones sobre contenidos, modificaciones en los controles del ENACOM y una desregulación más amplia del mercado de telecomunicaciones.

La iniciativa ya provocó rechazo en distintos ámbitos periodísticos del país y también en San Juan, donde varias voces salieron a marcar su preocupación. La secretaria general de la Asociación de Prensa y Comunicación de San Juan, Myriam Pérez, la definió como "un acto descabellado" y advirtió que puede convertirse en una herramienta de presión. "No habría problema porque a la mayoría de los periodistas en la República Argentina no nos cae una moneda", afirmó.

En la misma línea, Mario Romero habló de "un nuevo ataque del Presidente al periodismo", mientras que Javier Tello sostuvo que se trata de "una forma de presión hacia periodistas y medios" y pidió que el Gobierno se enfoque en resolver los problemas que la prensa viene señalando en lugar de seguir chocando con el sector.