La causa por la mansión ligada a la AFA vuelve a la Justicia porteña

La Cámara Federal de Casación Penal le puso freno al pase de la causa por la casa-quinta de Pilar y dejó sin efecto la decisión que la había mandado a la jurisdicción bonaerense. Con ese movimiento, el expediente vuelve a quedar bajo la órbita de Ciudad de Buenos Aires, donde deberá intervenir la Cámara Nacional en lo Penal Económico. El caso, que ya venía sumando tironeos y planteos cruzados, sigue dando vueltas y todavía no encuentra una salida firme.

La propiedad en cuestión está valuada en 17 millones de dólares y quedó bajo la lupa por la sospecha de que habría sido comprada por supuestos testaferros vinculados a dirigentes de la AFA. La denuncia apunta a la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, a quienes se les atribuye la adquisición de la residencia por escritura en 1,8 millones de dólares. Además de la mansión, la investigación también alcanza una flota de autos de colección, un helipuerto y caballerizas.

Ahora, la apelación de la fiscalía deberá ser resuelta por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, integrantes de la Cámara en lo Penal Económico. Ellos también analizan si confirman los procesamientos de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y la AFA por la supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impuestos. En el medio quedó la discusión por la competencia, tras el planteo del fiscal general ante Casación Mario Villar, que sostuvo que el expediente debía debatirse en ese fuero y no en San Martín.

Del otro lado, el juez Mariano Borinsky marcó su disidencia y pidió declarar inadmisible el recurso fiscal. Según su postura, no se trataba de una sentencia definitiva ni había una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación. También advirtió que no se acreditó una afectación real al juez natural y cuestionó que el trámite derivara en una solución demasiado lenta, algo que —dijo— choca con la economía y la celeridad procesal. En cambio, sí acompañó la postura de Carbajo, que impulsó que la nueva definición se tome rápido y de manera colegiada en la Justicia penal económica.