Cristina Kirchner fue filmada fuera de su domicilio y estalló la discusión por su custodia

Una grabación que empezó a circular en redes sociales volvió a poner a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la conversación política y mediática. En el video se la ve caminando por la vía pública al volver a su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Lo que más ruido hizo fue que, durante ese trayecto, no aparecían policías uniformados a la vista. En cuestión de minutos, las imágenes se multiplicaron en TikTok y otras plataformas, con comentarios para todos los gustos.

Desde su entorno salieron a poner paños fríos y explicaron que una persona con arresto domiciliario puede concurrir a controles médicos sin custodia policial directa, siempre que haya autorización judicial. Según esa versión, la salida registrada correspondía justamente a una consulta médica. En la filmación se la observa bajando de un vehículo y entrando al edificio de la calle San José. Si bien no había efectivos uniformados alrededor, sí estaba acompañada por custodios de civil, entre ellos Diego Carbone, hombre de larga trayectoria en su seguridad personal.

Quien difundió el material aseguró que la ex mandataria salió de su casa cerca de las 9:15 y regresó alrededor de las 14. Al volver a ingresar al edificio, una mujer le gritó palabras de apoyo y admiración, y Cristina respondió levantando la mano antes de entrar. La escena sumó todavía más repercusión, justo un día después de otra postal que también hizo ruido: el martes había salido al balcón para saludar a militantes que llegaron a Constitución tras la Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo.

Ese movimiento reunió a estudiantes, docentes e investigadores de distintos puntos del país y volvió a convertir la esquina de San José 1111 en un punto de reunión kirchnerista. La cercanía del domicilio con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también ayudó a que se acercaran columnas estudiantiles y agrupaciones políticas. Mientras tanto, en el frente judicial, el Tribunal Oral Federal 2 espera una definición de la Corte Suprema para avanzar con el decomiso de bienes ordenado en la causa Vialidad, expediente por el que la ex presidenta fue condenada a seis años de prisión. La medida también alcanza propiedades ligadas al empresario Lázaro Báez y forma parte de las consecuencias económicas que dejó la sentencia confirmada por la Cámara de Casación.