El Gobierno metió un recorte millonario al Congreso y encendió la bronca
La resolución administrativa 20/2026 achicó en más de $28 mil millones los fondos del Poder Legislativo. El golpe cayó sobre nueve programas y desató fuertes reproches en el recinto y en las redes.
El Gobierno nacional volvió a mover la tijera y esta vez el sacudón llegó al Poder Legislativo. A menos de seis meses de aprobada, la resolución administrativa 20/2026 recortó $28.420.194.064 destinados al Congreso de la Nación. El ajuste también alcanzó al Poder Judicial y a varios ministerios, aunque en el caso legislativo los cambios quedaron escondidos en los anexos y no en la parte principal del texto oficial.
La reacción no tardó en aparecer. La senadora riojana Florencia López presentó una cuestión de privilegio contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmantes de la medida publicada el lunes 11 de mayo en el Boletín Oficial. Desde el recinto, denunció que se trata de "un feroz ajuste que impone el recorte de más de 3 billones de pesos", en referencia al combo completo de áreas alcanzadas por la decisión. El malestar, claro, se sintió fuerte en los pasillos del Palacio Legislativo.
Según el análisis de la planilla oficial, el recorte golpeó a nueve programas del Congreso. Entre los más afectados aparecen Formación y Sanción de Leyes Nacionales, Impresiones y Publicaciones Parlamentarias, Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación y, con el mayor impacto, Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. También hubo tijeretazo en áreas como Protección de los Derechos del Interno Penitenciario, Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal y el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros. En paralelo, la última planilla habla de un incremento de $104.400.000 en recursos de afectación específica, pero eso no compensa el tamaño del recorte general.
El detalle que más ruido generó fue el que le pegó de lleno a la Asistencia Social Integral al Personal del Congreso, con una poda de $3.615.200.000. Pero el golpe más fuerte quedó en el programa de Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que sufrió un ajuste de $14.422.597.032. La resolución total supera los $2.500.000.000.000, lo que equivale al 2% de los gastos corrientes, y según trascendió ya estaba ordenada desde hacía un mes y medio. En la planilla también se detallan recortes en comida, tintas, combustibles, energía eléctrica, mantenimiento, limpieza y aportes a organismos parlamentarios internacionales.
La polémica no quedó solo en el Senado. La diputada rionegrina Adriana Serquis denunció en Instagram que el ajuste también frenó obras en Río Negro, entre ellas la construcción de la rotonda de Choele Choel sobre la Ruta 22. En la misma publicación apuntó contra el gobernador Alberto Weretilneck y sostuvo que "haber cambiado la construcción de la rotonda por el voto de la Ley Bases" en 2024 tuvo consecuencias directas. A eso se sumó Julia Strada, que vinculó la medida con la Marcha Federal Universitaria y lanzó una frase filosa: "Recortaron otros $5.303 millones en gastos de capital. Odian la educación pública".
