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Cuenta regresiva judicial

Se viene el vencimiento importante en la causa por el Acueducto Gran Tulum

El abogado denunciante señaló que el 30 de mayo se cumple el plazo para que el Ministerio Público Fiscal defina qué hará con la investigación. También existe la chance de estirar el análisis por 90 días más.

Se viene el vencimiento importante en la causa por el Acueducto Gran Tulum

En San Juan crece la expectativa por una causa que tiene a más de uno mirando el calendario de reojo. El doctor Marcelo Arancibia, impulsor de la denuncia penal por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, advirtió que el 30 de mayo vence el plazo legal para que el Ministerio Público Fiscal resuelva cómo sigue el expediente. La obra, una de las más costosas y discutidas de la provincia, sigue generando ruido y preguntas sin respuesta. Mientras tanto, el silencio judicial alimenta la preocupación.

La presentación apunta a un proyecto financiado con un préstamo de Kuwait por 100 millones de dólares, de los cuales la provincia ya empezó a devolver cuotas, aunque la obra hoy está paralizada. Según el denunciante, hubo una licitación supuestamente direccionada para favorecer a una empresa determinada, con un sobrecosto que también quedó bajo la lupa. Además, cuestiona que se haya avanzado con un proyecto experimental cuya eficacia para el saneamiento y la provisión de agua potable está en duda. Entre los delitos que se buscan investigar figuran incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y defraudación al Estado. En esa mira aparece el actual senador nacional Sergio Uñac, quien era gobernador al momento de los hechos denunciados.

Arancibia mostró su inquietud por la falta de novedades en una causa que, según dijo, a comienzos de año venía con ritmo. "Me preocupa que a esta altura del partido el Ministerio Público Fiscal no tenga estudiado el tema y resuelto qué va a hacer", expresó el abogado. También remarcó que, hasta ahora, no se conocen aportes probatorios de la Fiscalía de Estado, que interviene como querellante. La ley procesal marca un plazo de 90 días hábiles para definir el rumbo de la denuncia, aunque ese tiempo puede estirarse si la complejidad del caso lo justifica. En ese escenario, el organismo tiene cuatro caminos: formalizar la denuncia, desestimarla, archivarla o pedir una prórroga por otros 90 días.

Para el denunciante, no se trata de un expediente más. Por la magnitud de los fondos comprometidos y por el impacto que tendría la obra en la vida cotidiana de miles de sanjuaninos, considera que el caso merece transparencia y explicaciones claras. "En un país donde nos hemos mal acostumbrado a la impunidad del poder y de los poderosos, sería muy bueno que los fiscales pongan en conocimiento a la ciudadanía el avance de la investigación", lanzó. Con el reloj corriendo, la provincia espera una definición antes de que venza el plazo y el caso entre en una nueva etapa.

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