Crece el reclamo por la millonaria presunta estafa de Global Market y GMI
La investigación entra en una semana clave y los abogados de los damnificados hablan de un daño que ya supera los $3.000 millones. También advierten que podrían aparecer más víctimas mientras la Justicia define el próximo paso.
La causa por la presunta estafa que involucra a Global Market Valores y GMI Inversiones está en un punto caliente. La fiscalía provincial analiza declararse incompetente y girar el expediente a la Justicia Federal, una jugada que ya generó fuerte rechazo entre los abogados de los damnificados. Del otro lado, sostienen que se trata de una maniobra fraudulenta conocida y cuestionan que en el último mes no se hayan tomado medidas concretas.
La audiencia de este jueves reunirá a fiscales, denunciantes y acusados en medio de un clima cargado de bronca. Los representantes de los inversores remarcan que, hasta ahora, no hubo allanamientos, secuestro de documentación ni embargos sobre los involucrados. Esa falta de avances, dicen, alimenta todavía más la preocupación de quienes pusieron sus ahorros en juego.
Las denuncias apuntan contra Gustavo Omar Ahumada, Miguel Ángel Cañada y otros colaboradores vinculados a las operatorias bajo investigación. Según fuentes ligadas al expediente, las pérdidas ya serían millonarias y golpearían tanto a pequeños ahorristas como a empresas. Algunos abogados calculan que el perjuicio supera los $3.000 millones, mientras otros lo llevan a unos 6 millones de dólares.
Los denunciantes aseguran que entregaron dinero para supuestas inversiones seguras, pero después habrían descubierto que esos fondos terminaron en operaciones de alto riesgo y en negocios no autorizados. Varias víctimas afirman además que dejaron de tener contacto con los responsables y que no lograron recuperar un peso de sus ahorros. Mientras tanto, siguen apareciendo nuevos reclamos, entre ellos el de una empresa que habla de una pérdida de $150 millones y el de una constructora que exige cerca de $2.200 millones.
Desde las compañías, en tanto, atribuyeron la crisis a problemas financieros ligados a proyectos mineros y aseguraron que buscan inversores para ordenar la situación. Pero el malestar crece y el expediente suma tensión a cada hora que pasa. En San Juan, el caso ya dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en un escándalo que promete más capítulos.
