El Gobierno empuja la continuidad de Rago Gallo y su mandato podría llegar hasta 2031

El futuro de Leopoldo Jorge Rago Gallo empezó a moverse en el Congreso y no pasó desapercibido en San Juan. El presidente Javier Milei activó el trámite para que el juez federal siga en funciones por cinco años más, aun cuando ya superó el tope de edad fijado por la Constitución. El pedido fue enviado al Senado mediante un mensaje oficial firmado por Milei y por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En ese escrito, el Poder Ejecutivo solicitó el acuerdo legislativo para renovar al titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan. La movida se apoya en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, que exige una nueva aprobación del Senado para los jueces federales que pasan los 75 años. Si el trámite avanza y consigue respaldo político, Rago Gallo podría seguir en el cargo hasta 2031.

En el ambiente judicial local, la jugada no cayó en saco roto. Rago Gallo es uno de los magistrados federales con mayor exposición pública en la provincia y su nombre quedó asociado a causas delicadas y episodios que generaron ruido fuerte. Entre los antecedentes más recordados aparece el de 2013, cuando autorizó junto al juez Miguel Ángel Gálvez el traslado al Hospital Argerich de los represores condenados Antonio Olivera y Gustavo De Marchi. Esa salida médica terminó en fuga y desató una conmoción política y judicial a nivel nacional.

Por ese episodio, años más tarde fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. Sin embargo, la acusación terminó archivada después de que la Comisión de Disciplina entendiera que la responsabilidad recaía en el Servicio Penitenciario. Ahora, con el pliego ya en manos del Senado, vuelve a aparecer una discusión que mezcla poder, Justicia y antecedentes que todavía generan resquemor.

En tribunales dan por hecho que el pedido del Gobierno podría tener una buena recepción legislativa. Uno de los datos que alimenta esa lectura es la relación institucional y política que Rago Gallo mantiene desde hace años con Patricia Bullrich, una figura central del oficialismo. Ese vínculo quedó expuesto tiempo atrás, cuando el juez respaldó las políticas nacionales contra el narcotráfico impulsadas durante la gestión de Mauricio Macri. Según él mismo había señalado, en aquella etapa mantenía contacto frecuente con Bullrich por operativos realizados en San Juan.

Antes de llegar al Senado, la continuidad del magistrado ya había sido publicada oficialmente dentro del procedimiento que marca el Ministerio de Justicia para este tipo de designaciones. La norma habilita además una instancia de participación ciudadana, donde organizaciones civiles, colegios profesionales y entidades de derechos humanos pueden presentar apoyos, objeciones u observaciones. Con ese recorrido en marcha, el destino de Rago Gallo quedó otra vez en manos de la política nacional.