Ámbito Financiero fue a la Justicia para volver a entrar a Casa Rosada

El tironeo entre el Gobierno nacional y la prensa sumó este 24 de abril de 2026 un capítulo pesado, de esos que hacen ruido en los pasillos del poder. Ámbito Financiero presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional para que sus periodistas acreditadas puedan volver a ingresar a Casa Rosada, después de que el Ejecutivo dispusiera un cierre generalizado del acceso a los medios.

La presentación apunta a que vuelvan a trabajar de inmediato Liliana Franco y Cecilia Camarano, dos cronistas con larga trayectoria en la sede del Poder Ejecutivo. El planteo judicial, impulsado por NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., incluye además un pedido de medida cautelar innovativa para que la Justicia ordene levantar el bloqueo mientras se resuelve el fondo del amparo.

Todo se disparó el día anterior, cuando el Gobierno dio de baja la huella digital y los permisos de ingreso de todos los periodistas acreditados en Balcarce 50. La decisión, tomada sin aviso previo, frenó de golpe el trabajo cotidiano de cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos, y dejó prácticamente paralizada la sala de prensa presidencial. La orden salió desde Casa Militar, el área encargada de la seguridad y el control de accesos.

Desde el Ejecutivo justificaron la medida como una acción preventiva vinculada a una denuncia penal por presunto espionaje ilegal. La acusación recae sobre periodistas de Todo Noticias (TN), a quienes se les atribuye haber filmado zonas comunes del edificio con lentes inteligentes, sin autorización. A partir de ese episodio, el Gobierno decidió extender la restricción a toda la prensa acreditada, una jugada que encendió todavía más el conflicto.

Ahí es donde Ámbito pone el foco: el medio sostiene que, aun si hubiera una conducta irregular individual bajo investigación, no corresponde aplicar una prohibición parejita a periodistas y medios que no tienen nada que ver con esa denuncia. En criollo, cuestiona que se haya metido a todos en la misma bolsa. Por eso el amparo insiste en que la medida es desproporcionada y que no existe una resolución judicial que avale semejante alcance.

El caso se mete de lleno en un clima ya cargado entre Javier Milei y la prensa, con cruces fuertes, acreditaciones revocadas y acusaciones de espionaje y operaciones políticas. Distintos periodistas afectados hablaron de una restricción sin antecedentes en democracia, mientras organismos del sector advirtieron por el impacto institucional de cerrar el principal ámbito de cobertura del Poder Ejecutivo.

La presentación también tiene un peso simbólico importante. Ámbito Financiero es uno de los medios con más historia en la cobertura política y económica, y Liliana Franco acumula más de 30 años de acreditación en la Casa Rosada. En paralelo, otros sectores del periodismo evalúan acciones judiciales o colectivas similares, mientras en la oposición ya pidieron explicaciones y no descartan activar la Comisión de Libertad de Expresión en Diputados.

Del lado oficial, la postura sigue atada a la seguridad. Cerca de Casa Rosada insisten en que no hay censura ni un castigo político, sino una medida transitoria mientras revisan cámaras, pasillos y sistemas internos. El problema es que, por ahora, no se informó ningún plazo ni un mecanismo claro para devolver el acceso, y esa falta de definiciones terminó empujando el tema a la Justicia.

Ahora será el juzgado el que tenga la última palabra y deba determinar si el cierre de Casa Rosada a la prensa fue una restricción válida o una medida ilegítima contra derechos constitucionales. La resolución sobre la cautelar será clave, no solo para el trabajo periodístico inmediato, sino también para el delicado equilibrio entre seguridad, transparencia y libertad de prensa en un escenario político cada vez más tenso.