Salta la ficha de un alto funcionario por presuntas propiedades no declaradas en EE.UU.

La lupa volvió a caer sobre el patrimonio de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del gobierno de Javier Milei. Una investigación reveló que el funcionario tendría bienes en el exterior que no habrían sido declarados de manera oficial. El dato encendió la polémica y dejó al área económica con un nuevo frente abierto. En San Juan y en todo el país, la noticia cayó pesada por el nivel del cargo que ocupa.

Según registros del estado de Florida, chequeados por La Nación, Frugoni controlaría al menos cinco propiedades, aunque el número total podría llegar a ocho. Para manejar esos inmuebles habría recurrido a sociedades instaladas en Delaware, un territorio famoso por su hermetismo fiscal. Las firmas mencionadas, Genova LLC, creada en 2021, y Wika LLC, en 2025, habrían sido el vehículo para comprar departamentos valuados entre 140 mil y 310 mil dólares.

Las propiedades estarían ubicadas en zonas codiciadas del condado de Palm Beach, como West Palm Beach, Lantana y Delray Beach. Uno de los puntos que más ruido hace es que Frugoni figura como titular único de uno de esos inmuebles y, además, habría accedido a una exención impositiva reservada para residentes permanentes de Florida. Ese beneficio, en principio, no cerraría con su rol en la gestión pública argentina.

Otro detalle que llamó la atención es el vínculo con el Club Newman: una de las propiedades tiene como domicilio postal la sede de esa institución en Benavídez. Frugoni egresó de ese club en 1977 y trabajó allí durante años como arquitecto y representante técnico antes de meterse de lleno en la función pública. Ahora, la discusión gira en torno a si esos bienes fueron o no informados como corresponde.

Desde el plano legal, la presunta omisión ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podría encuadrar en una violación a la Ley de Ética Pública. Si todo se confirma, el funcionario podría quedar expuesto a cargos por omisión maliciosa, una figura que prevé penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Frugoni se suma así a otros nombres que hoy están bajo la lupa, como Manuel Adorni y Andrés Vázquez, este último investigado por presunto lavado de activos y evasión tributaria.