Peabody, en concurso preventivo: deudas millonarias, cheques rechazados y una crisis que no afloja

La crisis de la fabricante de electrodomésticos Peabody dio un paso clave en la Justicia. El Juzgado Comercial N°21 resolvió hoy la apertura del concurso preventivo de Goldmund S.A., la sociedad controlante de la marca, y puso en marcha de manera formal un proceso que la propia empresa había iniciado a comienzos de marzo para intentar ordenar su pasivo.

La resolución judicial dejó asentado que el tribunal consideró acreditado el estado de cesación de pagos, lo que habilita la negociación colectiva con acreedores bajo supervisión. Al momento de la presentación, los registros del Banco Central mostraban deudas bancarias por casi $19.600 millones, aunque ese número no refleja la totalidad del pasivo concursal, que también incluye compromisos comerciales, fiscales y financieros a verificar en el expediente.

Lejos de presentarse como una maniobra preventiva, la propia compañía reconoció que el quiebre financiero ya se había producido. Según surge de la causa, el punto de inflexión llegó el 27 de febrero de este año, cuando no pudo afrontar un vencimiento por $290 millones. Ese traspié derivó en la "ruptura de la cadena de pagos" y terminó empujando la convocatoria judicial.

El deterioro siguió profundizándose en las semanas posteriores. De acuerdo con los últimos datos del Banco Central, la firma acumula 168 cheques rechazados por casi $553 millones, un dato que expone con crudeza el cuadro económico de la empresa.

Otro foco de tensión aparece en la planta que la firma ocupa en La Tablada, sobre la avenida Crovara. En el expediente, Goldmund informó que usa ese predio en carácter de locataria y que, al momento de presentarse en concurso, tenía impagos los alquileres de enero, febrero y marzo. La deuda por esos cánones supera los $628 millones y abrió un conflicto directo con la locadora.

La propia empresa admitió que esa situación "ha puesto en crisis la continuidad del vínculo contractual", dejando en duda su permanencia en la principal base operativa. Encima, el contrato de locación vence el 30 de junio de 2026, un detalle que mete más presión en el corto plazo y suma incertidumbre sobre el futuro de la planta.

En el expediente, la compañía reconstruye una secuencia de deterioro que mezcla factores regulatorios, financieros y operativos. Ubica el inicio del problema en el segundo semestre de 2023, en el marco del esquema de importaciones vigente, cuando asegura que debió trabajar en condiciones que golpearon de lleno su rentabilidad.

Uno de los puntos más sensibles de su presentación tiene que ver con las SIRA. Según detalla, para sostener el flujo de importaciones debió vender productos por debajo de su costo, lo que empezó a comerse el capital de trabajo y generó un descalce que fue creciendo con el tiempo. A eso se sumó la acumulación de créditos fiscales, que después se transformaron en otro golpe para la caja.

En concreto, Goldmund afirma haber acumulado alrededor de $1.500 millones en concepto de IVA e Impuesto PAIS, montos que quedaron "fuertemente licuados" tras la devaluación de diciembre de 2023. También hubo restricciones para acceder a divisas y dificultades para cancelar deudas con proveedores del exterior, lo que obligó a la empresa a recurrir a mecanismos más costosos.

El resultado de esa secuencia, según reconoce la propia firma, fue el default de febrero de 2026, que terminó marcando el quiebre definitivo. En su escrito, además, pone la lupa sobre el contexto competitivo y habla de una apertura de importaciones que alentó el ingreso masivo de productos a "precios irrisorios".

El expediente incluso aporta ejemplos concretos: "productos cuyo valor real ronda los 20 dólares son declarados por montos sustancialmente inferiores, del orden de 8, 9 o 10 dólares", en alusión a prácticas de subfacturación que permiten ingresar mercadería a valores artificialmente bajos. La empresa también advierte que "se ha multiplicado una cantidad de galpones que, sin tributar impuestos, comercializan esta clase de productos importados", lo que genera una competencia despareja frente a las compañías formales.

Ese diagnóstico coincide con declaraciones recientes del dueño de la compañía, Dante Choi, quien sostuvo que "la ilegalidad tomó todo el mercado argentino" y que hoy la pelea se da contra productos que ingresan "subfacturados, sin certificaciones y en muchos casos por canales informales". Incluso estimó que esas prácticas alcanzan "al 70 u 80% del mercado".

Los números también muestran cómo cambió el negocio. En 2025, Goldmund todavía mantenía un esquema con peso industrial: vendió más de 700.000 unidades, aunque menos de la mitad eran de fabricación propia. Es decir, ya venía combinando producción local con importados para completar su oferta.

En 2026, esa ecuación se rompió. Las ventas cayeron con fuerza y apenas llegan a 83.676 unidades en lo que va del año. Al mismo tiempo, cambió la composición: más de la mitad de los productos vendidos ya son importados. La facturación acompaña ese desplome: en 2025 superó los $47.000 millones, mientras que en 2026, con datos parciales, ronda los $4.700 millones.

En los hechos, lo que muestran esos números es un corrimiento claro: Peabody dejó de ser principalmente una fábrica para pasar a operar cada vez más como importadora y comercializadora. Y eso no responde a una expansión, sino a la pérdida de competitividad de la producción local.

En paralelo, la compañía detalla que parte de la producción fue trasladada a Paraguay, donde fabrica sobre todo la línea de climatización bajo un régimen de maquila. Según explica en el expediente, la diferencia de costos es grande: producir allí resultaría entre 30% y 35% más barato, con salarios más bajos, menor carga impositiva y un esquema fiscal más liviano.

La empresa sostiene que ese diferencial "no responde a un único factor, sino a la acumulación de ventajas fiscales, laborales y arancelarias", y concluye que ese escenario "torna económicamente inviable" concentrar la producción en la Argentina. De hecho, su dueño ya había sido tajante al afirmar que "no piensa volver a producir en Argentina".

Con la apertura formal del concurso, arranca ahora la etapa de verificación de créditos y negociación con acreedores. Pero el trasfondo que deja el expediente es más pesado todavía: el caso Peabody no muestra solo una crisis financiera puntual, sino el derrumbe de un modelo productivo que, al menos para esta compañía, dejó de cerrar.