La Rosada llevó la pelea por fondos universitarios hasta la Corte

En la madrugada, la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La movida apunta a suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Con esa presentación, el Ejecutivo busca frenar la orden que lo obliga a transferir fondos para recomposición salarial y becas.

La pulseada no es menor: el planteo cuestiona el fallo que ratificó la cautelar y también la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto 759/2025. En el Gobierno sostienen que el límite para pedir la suspensión vencía a las 9.30 de hoy, por lo que entienden que ya quedó firme la obligación de empezar con las transferencias. A la vez, pidieron que los tres ministros de la Corte Suprema se excusen y que se designe a tres conjueces, porque todos los integrantes del máximo tribunal son docentes universitarios.

Desde la Casa Rosada insisten en que la intervención de la Corte es necesaria por una cuestión federal y porque, según su mirada, la cautelar equivale a una sentencia definitiva. En ese razonamiento, advierten que ordenar gastos sin financiamiento específico genera un grave e irreparable perjuicio al Estado y pone en riesgo el equilibrio fiscal. También remarcan que la ley fue ratificada dos veces en el Congreso, pero que igual sigue siendo, para ellos, de imposible aplicación porque no establece de dónde saldrían las partidas.

La discusión de fondo es plata, y mucha. En el oficialismo ya dan por hecho que, si no prospera la suspensión, deberán afrontar una transferencia cercana a los $2,5 billones para las universidades. Una fuente del Gobierno fue tajante: "Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata". En paralelo, admiten que esa obligación podría empujar de nuevo al déficit fiscal y que esperan una definición judicial en cuestión de días, aunque creen que la Corte difícilmente tome el caso por tratarse de una cautelar.

Mientras tanto, en el sistema universitario siguen de cerca cada movimiento. La norma ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025, además de recomponer becas estudiantiles. Y el cuadro financiero ya venía golpeado: según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a las universidades nacionales cayeron un 45,6 % en términos reales entre 2023 y 2026. El mismo informe señala que la pérdida del poder adquisitivo salarial supera el 32 %, con una inflación acumulada del 280 % y aumentos de sueldos del 158 %.