Milei autorizó a San Juan a avanzar con peajes en rutas nacionales

El Gobierno nacional puso en marcha una decisión que puede mover el tablero en San Juan: autorizó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje. La medida quedó oficializada en el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y plantea un esquema de delegación "funcional, limitada, temporal y revocable". En criollo, las provincias podrán avanzar con concesiones, pero sin que el Estado nacional pierda el control sobre esas rutas.

La norma lleva la firma del presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Además de San Juan, alcanza a Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. Con este marco, se abre la posibilidad de que en la provincia aparezcan peajes en rutas nacionales, algo que hasta ahora no tenía una aplicación extendida en el territorio sanjuanino.

El decreto aclara que no habrá transferencia del dominio público ni de la jurisdicción nacional, que seguirá en manos del Estado. Lo que sí podrán hacer las provincias es encargarse de la administración, el mantenimiento, la reparación o la ampliación de los tramos viales. Para eso, cada distrito deberá firmar convenios puntuales con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definan los sectores alcanzados, los plazos y los mecanismos de control y auditoría. Esos acuerdos, además, necesitarán la aprobación de la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía.

La letra chica también deja condiciones bien marcadas sobre el dinero que se recaude. Los fondos de peaje solo podrán usarse en los tramos concesionados, sin desvíos para otras obras o corredores. A la vez, los sectores delegados no podrán sumarse en licitaciones conjuntas con rutas de otras jurisdicciones, lo que limita la posibilidad de armar grandes corredores. Otro punto clave es el tiempo: las provincias tendrán un año para llamar a licitación desde la firma de los convenios. Si no lo hacen, la delegación caerá automáticamente. Y si la concesión se termina por cualquier motivo, el Estado nacional retomará la gestión del tramo.

La medida se apoya en la ley 17.520, que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obra pública, y en el Decreto-Ley 505/58, que regula el sistema troncal vial. También se enmarca en la ley 27.742, orientada a reorganizar el Estado y descentralizar funciones. Como tope final, el decreto fija que las concesiones no podrán superar los 30 años de duración.