La Nación tiene que mover fondos y el Gobierno ya prepara la pelea en la Corte
La Justicia dejó firme la ley de financiamiento universitario y en la Casa Rosada ya advierten por un costo millonario. Mientras tanto, se abre una pulseada clave por los plazos y la forma de pago.
El Gobierno tiene tiempo hasta este viernes a las 9.30 para cumplir con el fallo que ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. En la Casa Rosada no esconden la tensión y ya se preparan para llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El clima es de máxima incertidumbre, porque en paralelo ya circula la advertencia de que "volverá el déficit".
Desde el oficialismo sostienen que no hay margen para afrontar el pago de una sola vez. Una fuente del Gobierno fue tajante al señalar: "Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata". En ese mismo entorno aseguran que la aplicación de la ley tendría un costo de 2,5 billones de pesos, es decir, $2.500.000 millones. Por eso, ya estudian cómo ordenar una eventual transferencia de fondos de manera escalonada.
La pelea viene de arrastre. El oficialismo logró frenar una iniciativa parecida en 2024, pero al año siguiente los bloques opositores y algunos aliados terminaron sancionando la norma y volteando el veto presidencial. Después vino la judicialización, aunque en primera y segunda instancia el Gobierno recibió un nuevo revés. Ahora apuesta a un recurso extraordinario federal, aunque en los pasillos de la administración nacional admiten que el panorama no pinta favorable.
El punto más sensible pasa por el efecto suspensivo de la apelación. En el entorno judicial explican que la presentación del recurso no frena automáticamente la obligación de cumplir la cautelar. Dicho en criollo: si no aparece esa suspensión, el Ejecutivo tendría que empezar a girar fondos desde mañana. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional ya marcaron que, si eso no se concede, el Estado debe arrancar con los pagos sin vueltas.
La cautelar ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025, además de recomponer los programas de becas estudiantiles. En varias casas de estudio remarcan que lo urgente es abrir paritarias y ajustar los haberes a la inflación. Mientras tanto, la discusión sigue abierta y promete dejar una nueva pulseada fuerte entre el Gobierno y el sistema universitario.
