Buscan apurar desalojos: intimación en 3 días y menos margen para los inquilinos

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada empezó a moverse en el Congreso y ya levantó polvareda en el mundo de los alquileres. La iniciativa mete un cambio pesado: si el inquilino no paga, la intimación llegaría en apenas tres días corridos. En criollo, se achica al máximo el tiempo para ponerse al día y evitar que el problema escale.

Hoy el esquema da un margen más amplio para regularizar la deuda, pero con esta reforma la cosa se acelera fuerte. El conflicto judicial arrancaría mucho antes y con menos instancias para acomodar la situación. No es un detalle menor: el proyecto forma parte de una reforma más grande que busca agilizar desalojos y achicar los tiempos de resolución, en medio de una discusión bien caliente por la seguridad jurídica y el acceso a la vivienda.

La medida no solo genera ruido entre inquilinos. También despierta reparos entre propietarios, como planteó Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Para él, tres días es un plazo demasiado corto incluso cuando hay voluntad de pago. Según explicó, con 10 días todavía se pueden resolver muchos casos sin terminar en Tribunales, pero con este nuevo esquema la negociación se achica y el conflicto judicial aparece casi de inmediato.

El texto, además, cambia de raíz el mecanismo de desalojo. Todos los casos pasarían a tramitar por juicio sumarísimo, el procedimiento más veloz del sistema. También se habilitaría la desocupación anticipada del inmueble antes de la sentencia final, se fijarían plazos muy breves para que los jueces resuelvan, y hasta se permitirían lanzamientos con fuerza pública en días y horarios inhábiles. A eso se suma la limitación de pruebas a documentación y pericias, más el uso del domicilio electrónico como notificación válida.

Desde el plano jurídico, el debate también trae sus alertas. El abogado especializado en derecho inmobiliario Javier Antebi recordó que la propiedad privada ya tiene protección constitucional, por lo que no todo vale a la hora de reglamentar. En paralelo, remarcó que la aplicación real quedará en manos de los jueces, algo que puede ordenar el sistema, pero también abrir diferencias de criterio. En el sector inquilino, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, fue tajante: advirtió que se trata de uno de los esquemas de desalojo más duros de la región y que ni siquiera contempla el derecho de enervación, es decir, la posibilidad de frenar el desalojo pagando la deuda.

Con salarios golpeados, trabajos inestables y bolsillos cada vez más ajustados, el impacto puede ser fuerte. Tres días para responder a una intimación suena a poco, muy poco, para una parte enorme de quienes alquilan. Por eso, la discusión recién empieza y promete dar pelea: entre la protección de la propiedad y el riesgo de dejar a más familias al borde de perder su techo.