Una denuncia por violencia digital terminó en un caso que estremece y deja preguntas abiertas

La muerte de Shadya Altamirano, una abogada de 29 años, sacudió fuerte a Santiago del Estero y abrió una vez más la discusión sobre qué pasa cuando una víctima denuncia y, aun así, no logra sentirse protegida. La joven fue encontrada sin vida el 11 de abril en la localidad de Pinto, semanas después de haber acusado a su expareja por amenazas y por difundir fotos y videos íntimos sin su permiso. Para su familia, el golpe emocional fue devastador y estuvo marcado por el hostigamiento y la exposición pública.

La presentación judicial se había hecho el 1 de marzo en la Comisaría Comunitaria N° 15. Según informó el Ministerio Público Fiscal, después de la denuncia se ofrecieron medidas de resguardo, entre ellas un botón antipánico, que la joven no aceptó, y también se dictaron restricciones contra el acusado, un hombre de 43 años. Sin embargo, sus allegados sostienen que la ayuda no alcanzó y que faltó un acompañamiento real en un momento crítico.

María Verónica Rodríguez, madre de la joven, aseguró que su hija no recibió contención psicológica ni un seguimiento efectivo tras denunciar. En ese marco, apuntó contra la falta de respuestas frente al deterioro emocional que atravesaba. En su declaración, la abogada había contado que sostuvo durante nueve años una relación atravesada por violencia psicológica, física y sexual. Después de la separación, a fines de febrero, comenzó la viralización del material íntimo y, según su entorno, eso agravó todavía más su crisis.

Otro dato que generó ruido en el caso es el supuesto vínculo familiar del acusado con María Emilia Ganem, algo que para la familia habría alimentado la sensación de impunidad. Esa versión ahora también forma parte de los cuestionamientos que rodean la causa. Tras el fallecimiento, la Justicia ordenó una autopsia y el secuestro del celular de la víctima, mientras avanza la investigación para establecer qué pasó. El caso dejó una herida abierta y volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: qué tan efectivas son las medidas de protección cuando la violencia se mete de lleno en el mundo digital.