RIMI: promesa de alivio para las PyME, pero la UIA pide menos vueltas y más alcance

Con la Ley del 6 de marzo de 2026 ya promulgada, el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI) aparece como una herramienta pensada para empujar la rueda productiva de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los tramos 1 y 2. La idea suena bien y apunta a mover la inversión en un momento donde cada peso cuenta. Pero desde la Unión Industrial Argentina avisaron que, aunque la medida tiene potencial, todavía hay varios puntos que generan ruido.

Para entrar al régimen, la empresa tiene que tener el certificado PyME vigente al comienzo del ejercicio fiscal en el que haga su primera inversión. Además, la aplicación del sistema dependerá de una resolución conjunta que todavía debe salir por parte de ARCA y las secretarías de Agricultura y Energía. El esquema tendrá una vigencia de dos años y fija montos mínimos que no son poca cosa: USD 150.000 para microempresas, USD 600.000 para pequeñas, USD 3,5 millones para medianas tramo 1 y USD 9 millones para medianas tramo 2.

Hay una excepción que puede dar algo de aire: no se exige piso mínimo para inversiones vinculadas con alta eficiencia energética, generación o almacenamiento con fuentes renovables, ni para sistemas de riego y mallas antigranizo. El régimen alcanza a bienes de capital nuevos, equipos de informática y telecomunicaciones, y también a obras y gastos de instalación asociados, siempre que la construcción tenga menos del 30% de avance al momento de pedir el beneficio. Es un punto clave para quienes vienen apostando a ampliar o modernizar su planta.

Los beneficios más fuertes están en dos frentes. Por un lado, la amortización acelerada en Ganancias, que permite descontar la inversión en dos cuotas anuales para bienes muebles, en una sola cuota para equipos de riego y eficiencia energética, o achicar la vida útil al 60% en el caso de obras. Por el otro, la devolución de saldos de IVA, que habilita a pedir el reintegro de los créditos fiscales generados por esas inversiones después de tres períodos fiscales mensuales. En criollo: un alivio que puede ayudar bastante si realmente llega a tiempo.

Ahí es donde aparece la principal crítica de la UIA. La entidad sostiene que los montos mínimos quedaron demasiado altos para la realidad de muchas PyME y que no contemplan inversiones chicas pero decisivas en innovación, digitalización y sustentabilidad. También reclamó que los beneficios se apliquen de manera automática por balance, sin trámites que terminen frenando los proyectos. Y puso la lupa sobre los cupos del IVA, porque el tope anual y las trabas operativas podrían recortar el impacto real de la medida. Por ahora, el RIMI sigue esperando la reglamentación final del Ministerio de Economía, mientras el sector industrial mira de reojo para ver si esta vez la norma se convierte en una ayuda concreta y no en otra promesa que quede a mitad de camino.