Dos policías volvieron a marcar la deuda de USD 70 mil de Manuel Adorni
En Comodoro Py, madre e hija ratificaron el préstamo y aportaron papeles clave. Ahora la Justicia apunta al origen del dinero y a los movimientos del funcionario.
La investigación que tiene en la mira al jefe de Gabinete sumó este lunes otro capítulo fuerte en Comodoro Py. Dos mujeres, madre e hija y ambas policías, ratificaron ante el fiscal Gerardo Pollicita que Manuel Adorni todavía debe 70 mil dólares, más intereses, con vencimiento previsto para noviembre de 2026. Las testigos, Graciela Molina, comisario retirada, y Victoria Cancio, estuvieron varias horas en la Fiscalía Federal N° 11 y llevaron documentación, chats y detalles del acuerdo que las une al funcionario.
Según contaron, todo arrancó con un préstamo de 100.000 dólares entregados en efectivo cuando Adorni todavía era vocero presidencial. De esa suma, 85.000 salieron de Molina y los 15.000 restantes de su hija. El pacto fijaba una devolución en dos años y con un interés anual del 11%. En su relato, primero se pagaban cuotas mensuales por intereses de cerca de 900 dólares, pero con el tiempo bajaron a 600 dólares después de un desembolso parcial de 30.000 dólares sobre el capital.
Con esa secuencia, el saldo que quedó bajo análisis es de 70.000 dólares. Las declarantes también señalaron que la operación se respaldó con una hipoteca sobre un inmueble del funcionario en Parque Chacabuco, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, dijeron que el dinero habría sido usado para una compra inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires, un dato que ahora forma parte del expediente y que la Justicia busca chequear con lupa.
En paralelo, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, de su entorno familiar y de las acreedoras. La idea es reconstruir el circuito completo de los fondos y ver si cada movimiento cierra como corresponde. Molina y Cancio, a su vez, explicaron de dónde salió la plata: parte de ahorros personales y otra de ingresos obtenidos tras un proceso sucesorio y un reclamo judicial por diferencias salariales. La causa seguirá con nuevas citaciones en los próximos días, mientras aparecen más operaciones inmobiliarias bajo la lupa.
