La Justicia le dio aire al Gobierno en el choque por la reforma laboral
La jueza aceptó que el planteo de la CGT se discuta en el fuero contencioso administrativo. La central obrera ya avisó que va a apelar y la pelea sigue abierta.
El Gobierno consiguió un poco de oxígeno en la Justicia, justo después de una seguidilla de resoluciones que venían complicándole el panorama por la reforma laboral. Este viernes, la jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, hizo lugar a una inhibitoria presentada por el Estado y definió que ese fuero es el competente para tratar el planteo de inconstitucionalidad contra 83 artículos de la ley impulsado por la CGT. Para la central sindical, en cambio, el tema debía caer en el fuero laboral, que es el especializado en esta materia.
La discusión no es un detalle menor ni mucho menos. La CGT cuestiona el artículo 79 de la norma, que establece la competencia exclusiva y excluyente de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la central sostienen que el lugar correcto para tratar ese planteo es la Justicia Nacional del Trabajo, un ámbito con años de experiencia en conflictos de este tipo. Pero para la jueza, el argumento no alcanza: como la demanda apunta contra el Poder Ejecutivo Nacional, debe tramitarse ante el fuero que entiende en causas contra el Estado.
En su fallo, Marra Giménez explicó que para resolver el caso habrá que acudir a normas y principios del derecho público administrativo, algo que encuadra la presentación dentro del fuero contencioso administrativo. Del lado de la CGT ya dejaron claro que no se van a quedar quietos y que apelarán la decisión. Aun así, en la central aseguran que este revés estaba en los planes y que no modifica la estrategia judicial que vienen sosteniendo.
En paralelo, sigue vigente la otra jugada presentada en la justicia laboral, donde ya se suspendieron 82 artículos de la reforma. O sea: la pelea está lejos de cerrarse. Detrás del tironeo jurídico también aparece la rosca política. El Gobierno mira con desconfianza a la Justicia Nacional del Trabajo, a la que considera inclinada a favor de los trabajadores, y por eso empujó el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Ese movimiento generó resistencia en la UEJN y también en la CGT, que ven en esa maniobra una amenaza directa al fuero laboral y a la protección de los laburantes. Según la reforma, ese pase debería concretarse en 180 días desde la sanción de la ley, aunque todavía no está claro si el Gobierno podrá cumplir ese plazo.
